Es la gota que colma el vaso. La decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad a la sanguinaria exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, como resultado de los pactos entre el PSOE y Bildu, ha conmocionado a las asociaciones de víctimas.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, confiesa que ha recibido la noticia con «una sensación tremenda de derrota. Los que han ganado han sido los terroristas, las víctimas somos los perdedores«, se lamenta en declaraciones a EL ESPAÑOL.
“Todo esto es completamente inmoral”, añade, los etarras salen a la calle “sin un arrepentimiento real, sin colaborar con la Justicia, sin pedir perdón”, en cumplimiento de unos pactos políticos.
Como consecuencia de ello, «España es el único país del mundo donde las víctimas somos revictimizadas una y otra vez”.
Tras ser extraditada a España por Francia en 2019, Anboto fue condenada a penas que suman 717 años de cárcel, por su intervención en 14 asesinatos, como miembro del comando Araba, el comando Madrid y como integrante de la cúpula de la organización terrorista.
Mediante un acuerdo con la Fiscalía, aceptó en 2011 una pena de 15 años de cárcel por ordenar el intento fallido de asesinato del rey Juan Carlos I en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, el 18 de octubre de 1997. Fue además la encargada de suministrar los explosivos a los integrantes del comando que iba a ejecutar el plan.
También fue procesada por la Audiencia Nacional, junto a otros tres miembros de la cúpula de la banda, por ordenar el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. Sin embargo, la Audiencia se vio obligada a archivar finalmente la causa, porque el crimen había prescrito.
Fue, además, una de las cajeras de ETA, como responsable del aparato de cobro y gestión del impuesto revolucionario, que la banda terrorista exigía a numerosas empresas para financiar su actividad criminal .
De los 717 años de cárcel que suman sus condenas, sólo ha cumplido seis en España (además de los 15 años que cumplió en Francia, tras ser detenida en 2004), antes de que el departamento de Justicia del Gobierno vasco, que dirige la consejera socialista María Jesús San José, le conceda la semilibertad.
Este régimen implica que podrá salir de prisión de lunes a viernes, y sólo tendrá que regresar para dormir, de acuerdo con el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
«Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y de claro os lo digo. Y lo haremos muy tranquilos», explicó Arnaldo Otegi en un acto celebrado en Eibar en octubre de 2021.
Expresó de este modo el precio de mantener el apoyo de Bildu para que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el encargado de ejecutar la primera parte del acuerdo durante la pasada legislatura, con el traslado de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra, todos los viernes, desde los centros en los que cumplían condena en otros puntos de España.
Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias, a finales de 2021, ha concedido 114 terceros grados a presos etarras (incluyendo 20 que han sido reiterados, después de que la Audiencia Nacional los revocara).
La socialista María Jesús San José asumió en junio de 2024 el cargo de consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, en virtud del pacto entre el PNV y el PSE.
Desde entonces ha concedido el tercer grado a 30 presos etarras. Uno, cada 11 días, como ha informado EL ESPAÑOL.
Entre ellos, Asier Arzalluz, uno de los asesinos del columnista del diario El Mundo José Luis López de Lacalle.
Entre los beneficiarios de esta medida también se encuentra Luis Mariñelarena, que fue condenado por el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Buesa.
El presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, se muestra desolado por la concesión del régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, que culmina la larga lista de presos de ETA que se han beneficiado de estas medidas.
«Es muy penoso y asqueroso”, sentencia, a preguntas de EL ESPAÑOL.
El continuo goteo de la salida de presos de ETA con unos “terceros grados encubiertos solo refleja que el Estado no funciona y que la reinserción es mentira”, afirma Portero.
Se trata, a su juicio, de «una traición continua a las víctimas del terrorismo, utilizando los caminos más retorcidos para dar privilegios a los asesinos de españoles”.
“Les importa un huevo a los socialistas, les da igual con tal de mantenerse en la Moncloa, los del País Vasco van a hacer lo que sea necesario”, afirma gráficamente.
Portero, que en la actualidad es diputado del PP en la Asamblea de Madrid, sólo espera que llegue un nuevo Gobierno que actúe con Justicia y respete a las víctimas.
