No será solo un debate político. El Congreso será este martes el escenario de la culminación de años de dolor, resistencia y lucha pública que Pilar Rosanes, afincada en Barcelona, pero de origen gallego, emprendió tras la muerte de su hijo Josep. Tan solo tenía 20 años. Quedó tendido junto a su moto en el asfalto, en la AC-442, a su paso por la localidad coruñesa de Dumbría, tras ser arrollado por un joven conductor que viajaba al menos a 126 km/h en una curva limitada a 70.
Ella y su marido, Chus, ocuparán un asiento en el salón de plenos de la Cámara Baja para escuchar cómo su exigencia de justicia se transforma en una iniciativa legislativa destinada a endurecer el límite de velocidad punible en España. La reforma propuesta por el PSOE plantea reducir los umbrales para tipificar como delito el exceso de velocidad: de 80 a 70 km/h en vías interurbanas y de 60 a 50 km/h en urbanas. Con el nuevo marco, circular a 190 km/h en autopistas o autovías —algo que no es infrecuente en la AP-9— pasaría a ser delito, igual que superar los 80 km/h en el centro de la ciudad de A Coruña. “Es insuficiente, pero las actuales penas son humillantes para las víctimas. Es un avance para todas las criaturas que no se llaman Josep, pero son Josep”, relata Pilar a este periódico en vísperas del debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Su vida cambió para siempre el 9 de agosto de 2020, cuando Josep fue arrollado en su moto por un vehículo que invadió el carril contrario a más de 120 km/h. El conductor fue condenado a dos años de cárcel, pero, al carecer de antecedentes, no ingresó en prisión. Aquella resolución dejó una herida abierta que Pilar, lejos de rendirse, no ha hecho más que empujarla para convertir su reclamación en una causa pública. “Con que solo una persona que conozca la historia de Josep y se lo piense dos veces antes de arrancar el motor, habrá valido la pena”, reivindica Pilar.
Para ella, la legislación española es insuficiente hasta el extremo de resultar, en sus palabras, “el paraíso de los delincuentes viales”. No reclama venganza, insiste, sino evitar que la ley siga siendo un refugio para quienes convierten un vehículo en un arma. “Si no se puede añadir la conducción temeraria, es complicado que la pena sea efectiva”, explica. “La cárcel no ha sido nunca un objetivo, pero nuestro Código Penal ofrece cárcel o nada. No hay sanciones económicas como en Francia o Italia, lo que hace más difícil que los jueces puedan dictar sentencias efectivas”, advierte.
La reforma que se debate este martes busca precisamente cerrar ese vacío: que el exceso de velocidad en casos graves deje de ser solo una infracción administrativa y pase a ser un delito con consecuencias penales reales.
Rosanes reconoce que la propuesta actual —rebajar de 80 a 70 km/h el exceso punible y de 60 a 50 km/h en vías urbanas— es un avance, aunque insuficiente. “Es mejor 70 que el actual 80, y 50 que 60. Al menos los jueces deberán ajustarse a otro límite para tipificar como delito lo que ahora es una infracción. Me parece insuficiente, pero sé que si conseguimos esto será más que mucho. Y seguiremos intentando que esto se vaya moviendo”.
Pero, más allá del debate jurídico, el día tiene para ella un peso emocional difícil de describir. “Estaremos allí Chus (su marido) y yo. No sé cómo me impactará. Empiezo a sentirme mal porque voy a tener que oír cosas que me dan miedo, y no sé cuál será mi reacción”, confiesa. No es un gesto simbólico ni un impulso visceral: “Esto es poco, esta reclamación no es un capricho. No parte de la rabia o el rencor de la madre de una víctima. Basta con mirar lo que hay en los códigos penales de otros países y ver que allí el homicidio imprudente en carretera se llama homicidio en carretera. Aquí el contenido de la ley es ridículo, humillante para las víctimas”.
Rosanes recuerda que no habla solo por Josep. “¿Qué nos pasa a los que estamos en el otro lado? Todos los padres y madres de criaturas que no se llaman Josep, pero son Josep, están en la misma situación”. Y denuncia que la actual regulación, el artículo 142 del Código Penal, al limitarse a hablar de homicidio imprudente, «no es disuarorio, pero mucho menos restitutivo». Las víctimas, afirma, “sufren una doble victimización”.
Este martes, su voz —la de una madre que convirtió el duelo en una causa pública— resonará en el Congreso. Y con ella, la de tantas familias víctimas de las imprudencias y negligencias de otros que reclaman que la velocidad al volante sea penalizada, no solo por la vía administrativa sino también por la penal con una justicia reparadora para las víctimas, reeducadora para el infractor y preventiva para la sociedad.
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