Desde que Fernando Grande-Marlaska llegó al Ministerio del Interior, los delitos relacionados con la violencia callejera no han dejado de crecer. Concretamente, 2025 cerró con un nuevo récord en este sentido. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el país registró un total de 31.481 infracciones penales graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, la cifra más alta de la última década.
El incremento respecto a 2024 fue del 7,2%, consolidando una tendencia ascendente sostenida en los últimos años. Según los datos, en términos acumulados, el periodo comprendido entre 2018 y 2025, los que lleva Marlaska al frente del ministerio, refleja un aumento del 72% en este tipo de delitos.
Para el sindicato policial CEP (Confederación Española de Policía), estos datos evidencian un deterioro estructural de la seguridad ciudadana y de las condiciones en las que los agentes desarrollan su labor.
Desde la organización sindical se advierte que «este deterioro de la seguridad en la calle… es un indicador objetivo que acredita que la gestión del Ministerio del Interior en este ámbito está siendo un fracaso».
En esa misma línea, sostienen que «solo así puede calificarse el que entre 2018 y 2025… se haya producido un aumento del 72% en estos delitos».
Las riñas tumultuarias también alcanzaron cifras históricas en 2025, con 2.115 casos más que el año anterior. Este fenómeno se ha extendido de forma generalizada por el territorio nacional, con la mayoría de comunidades autónomas registrando máximos o incrementos significativos. Únicamente Cataluña, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla escaparon a la tendencia general al alza.
Por volumen, Andalucía (18,6%), Cataluña (13,4%), Comunidad Valenciana (12,6%) y Madrid (12,1%) concentran casi el 57% de los episodios de violencia callejera en España. Además, el análisis territorial muestra incrementos especialmente acusados en Ceuta (+27%), Navarra (+23%), Castilla-La Mancha (+18%), Extremadura (+17%) y Galicia (+14%).
Dinámica consolidada
Para el CEP, esta evolución no responde a un fenómeno puntual, sino a una dinámica consolidada. En sus palabras, «no nos encontramos ante coyunturas o un fenómeno incipiente sino ante una tendencia consolidada, sostenida en el tiempo y que alcanza ya una media mensual de más de 2.600 reyertas en las calles de España». Una realidad que, según el sindicato, tiene un impacto directo en la seguridad de los agentes y en la capacidad operativa de las fuerzas policiales.
La organización también alerta del paralelismo entre el aumento de la violencia callejera y el incremento de las agresiones contra policías, una situación que aseguran haber denunciado de forma reiterada en los últimos años. A su juicio, Interior no ha logrado revertir esta tendencia ni implementar medidas eficaces para reforzar el principio de autoridad y la protección de los agentes.
En este contexto, el sindicato critica la falta de respuesta del Ministerio ante varias reivindicaciones históricas. Entre ellas, destaca la negativa a ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a desarrollar un real decreto para regular el seguro de responsabilidad civil de los policías nacionales. Según CEP, Interior mantiene «una actitud insumisa» al no dar cumplimiento a esta resolución judicial.
Asimismo, denuncian la ausencia de avances en el reconocimiento de los policías nacionales como profesión de riesgo, la mejora de sus condiciones de jubilación y la equiparación salarial con otros cuerpos policiales autonómicos y locales. A ello suman lo que consideran una insuficiente inversión en medios materiales y de protección.
Entre los ejemplos citados, el sindicato señala que la previsión de dotación de inmovilizadores eléctricos apenas alcanzaría las 5.000 unidades en 2028, frente a unos 20.000 agentes destinados al área de seguridad ciudadana. También apuntan a la limitada incorporación de armas largas en los últimos siete años (menos de 2.500), así como a los objetivos previstos en dispositivos de grabación unipersonal (11.000 unidades en 2028) o la renovación del parque móvil policial, que consideran insuficiente para hacer frente al crimen organizado.
El caso de Madrid es especialmente significativo, según los datos analizados. En 2025, la comunidad registró un incremento del 12,22% en delitos vinculados a la violencia callejera, situándose en máximos de la última década y por encima de la media nacional.
Ante este escenario, CEP concluye que la situación exige una respuesta firme por parte de las autoridades. En su mensaje final, el sindicato subraya que «cuando lo que nos jugamos los policías es nuestra integridad física, Interior no puede seguir asistiendo, sin pestañear, a un aumento tan preocupante de la delincuencia callejera en España».
, estos datos evidencian un deterioro estructural de la seguridad ciudadana y de las condiciones en las que los agentes desarrollan su labor. Más información: La guerra contra el 'narco' se endurece: un sicario muerto en Toledo mientras el policía de Isla Mayor sigue en la UCI){kind=link}