Un grupo de abogados especializados en Derecho de Familia ha denunciado ante el Defensor del Pueblo el atasco monumental en asignar las citas para visitas tuteladas en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que en Oviedo alcanzan la friolera de 21 meses, casi dos años, una situación que no se da en Gijón o Avilés. Los letrados denuncian que el PEF de Oviedo, gestionado por la Fundación IDADE, se ha convertido «en un agujero negro donde mueren los afectos y se trituran derechos fundamentales». Incluso los magistrados se han quejado de la situación. Estos letrados aseguran que sopesan incluso presentar reclamaciones patrimoniales ante el Principado para resarcir aún mínimamente el daño que se está causando a los menores y sus padres.
«A finales de febrero de 2026, el PEF de Oviedo estaba asignando citas para visitas tuteladas ordenadas por los Tribunales en resoluciones de mayo de 2024», aseguran. Y se preguntan: «¿En algún momento la Administración se ha parado a valorar qué significan dos años en la vida de un niño de tres, ocho u once años? Porque resulta una eternidad de ausencia: es el tiempo necesario para que un hijo deje de reconocer la voz de su padre o de su madre, para que el vínculo se pudra y para que el Estado consume, por desatención o pura tacañería presupuestaria, una alienación forzosa irreversible y de manual. Esta parálisis no es solo una ‘espera administrativa’, es un secuestro legal».
Estas visitas tuteladas, añaden, «son el último recurso que existe para mantener el contacto parental en situaciones delicadas». El Estado, añaden, «rompe el vínculo por si acaso, pero es incapaz de poner una mesa, dos sillas, tres juguetes y un monitor o una monitora que supervise las visitas para que ese vínculo no se muera».
Y llaman la atención sobre la posibilidad de que, dos años después, se pruebe que el riesgo nunca existió. «¿Quién le devuelve a los niños, niñas, adolescentes el tiempo robado? ¿Quién les explica que su padre o su madre no los abandonó, que no desapareció voluntariamente de sus vidas, sino que estaba en ‘lista de espera’, junto a su superior interés que la administración garantizaba?», se preguntan.
No dudan en calificar la situación de «vandalismo emocional, donde todos los operadores jurídicos estamos al borde del colapso», incluidos los abogados, que aunque consigan que el vínculo parental no se rompa en el Juzgado, se encuentran ante «la puerta cerrada de un Punto de Encuentro».
Y añaden que «la desidia con la que se afrontan estas situaciones por la Administración está fabricando huérfanos de padres vivos», mientras comparan el PEF con un«congelador de los sentimientos». Por eso exigen al Principado que destine más personal a este servicio para reducir los 21 meses de demora y claman: «Basta de maltrato institucional».
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