Durante años, su historia quedó en un segundo plano, eclipsada por los escándalos del Caso Carioca, que desde su inicio en 2008 concentró una macro causa judicial sobre una red de trata de mujeres y prostitución en Lugo. Aquella investigación acabó por destapar una fuerte cadena de favores entre la Guardia Civil, la Policía Local lucense, empresarios, responsables de Extranjería y un puñado proxenetas, que estrechaban lazos para traer jóvenes migrantes y vulnerables que, engañadas, eran explotadas sexualmente en la senda de prostíbulos que rodean la ciudad amurallada.
Una de esas mujeres fue clave para destapar esa red de abusos y connivencias, cuya colaboración con la Justicia no solo acercó el veredicto final sino que le permitió liberarse de la trama en la que había estado inmersa. En 2018, conforme a lo establecido en el Código Civil, obtuvo un permiso de residencia extraordinario reconocido por su testimonio como víctima. Sin embargo, cuando creyó haber cumplido todos los requisitos para superar esta etapa y solicitar la nacionalidad española en 2022, como llevar una década residiendo en el país de forma continuada, el propio Estado se la denegó en 2024, tras haberla solicitado dos años antes, por incumplir el requisito de residencia legal previa.
La Audiencia Nacional acaba de reescribir el desenlace —según recoge la sentencia de la Sala de lo Contencioso, a la que tuvo acceso EL CORREO GALLEGO—: condena al Estado, considera «acreditado el cumplimiento de residencia legal» y le concede la nacionalidad, corrigiendo una decisión que dejaba a la víctima a su suerte.
Extracto de la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y el club Eros (Lugo) de fondo, que fue uno de los prostíbulos inmersos en la trama. / ECG
Diez años después de la apertura de las investigaciones, pero con el caso todavía abierto, el juzgado envió un oficio sobre la mujer dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Lugo, «por el que informa de dicha colaboración y que su presencia en España es imprescindible, solicitando asimismo que se le conceda la correspondiente autorización de residencia por circunstancias excepcionales». En consecuencia, la mujer pudo disfrutar de «las correspondientes tarjetas de residencia en España desde el año 2018 hasta 2024», según indica la sentencia.
Cabe destacar que la normativa estatal prevé que los ciudadanos procedentes de países iberoamericanos puedan acceder a la nacionalidad española tras acreditar dos años de residencia legal, continuada y sin interrupciones en el país. Sin embargo, la Administración denegó la solicitud al considerar que no se cumplía ese requisito, pasando por alto el permiso excepcional de residencia que la interesada había obtenido gracias a su colaboración con la Justicia.
La mayor trama de prostitución de Galicia
La investigación se puso en marcha en 2008 en el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, entonces dirigido por la magistrada Pilar de Lara. Como ocurrió con otras causas que pasaron por su despacho —y que terminaron rodeadas de polémica tras su posterior sanción—, el procedimiento se alargó durante años y acabó dividiéndose en distintas piezas. No fue hasta julio de 2024 cuando se dictó sentencia sobre la parte principal, en la que la Justicia dio por probada una red de favores cruzados entre agentes policiales y proxenetas, con varias mujeres en situación de prostitución como víctimas centrales de abusos sexuales continuados.
El fallo se cerró con condenas pactadas: dos guardias civiles y tres proxenetas aceptaron su responsabilidad. Uno de los agentes implicados tenía, precisamente, entre sus funciones habituales la inspección de clubes de alterne y locales similares, donde debía, entre otras tareas, comprobar la documentación del personal y detectar posibles irregularidades administrativas, especialmente en el caso de personas extranjeras.
Resultan tan inabarcables las miradas que engloba el Caso Carioca como la extensa documentación que elaboró la Justicia sobre esta macro causa, amontonando hasta 120.000 folios y 300 tomos. Con epicentro en Lugo, más de 200 mujeres explotadas sexualmente por toda la provincia, agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado investigados, y alrededor de 400 testigos que tuvieron que pasar por el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, se erige como la mayor trama de prostitución de Galicia.
Una de esas víctimas, como se relataba al principio, ayudó a esclarecer los hechos, confeccionando parte de la escabrosa historia a través de su testimonio. Experiencias de mujeres prostituidas tan escalofriantes como la de una chica de 18 años obligada a abortar sin anestesia, tras quedar embarazada allí. Este último delito fue el meollo de la última pieza resuelta; el ginecólogo que interrumpió su embarazo fue condenado, años después, a una multa de 3.000 euros. Ella falleció en 2020.
Otra de las historias más estremecedoras es la de la mujer prostituida que, en un acto de valor, quiso denunciar a los socios del prostíbulo Queens, en el polígono de O Ceao (Lugo), pero las represalias acabaron por truncar su destino, quedando en silla de ruedas tras precipitarse al vacío en un intento de quitarse la vida.
