La defensa de Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado este martes un escrito ante el Tribunal Supremo para pedir la nulidad de las actuaciones en el marco del ‘caso mascarillas‘, en un último intento de abrir la puerta a un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y evitar el juicio.
El movimiento llega a escasas semanas del arranque de la vista oral y supone, en la práctica, la última vía procesal del exasesor para tratar de frenar el procedimiento antes de sentarse en el banquillo el próximo 7 de abril. Así, la estrategia de la defensa —ejercida por la abogada Leticia de la Hoz—, pasa por forzar un pronunciamiento del Alto Tribunal que permita acudir posteriormente al Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales.
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En su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, la defensa de Koldo articula una batería de motivos de nulidad centrados, concretamente, en una supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
Entre los principales argumentos, la defensa sostiene que el Supremo ha ignorado hechos y pruebas relevantes aportados tras la fase de cuestiones previas. En concreto, señala un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa «paralela» que se sigue en la Audiencia Nacional, que, a su juicio, evidenciaría que se sigue investigando al exasesor por los mismos hechos en ambos tribunales.
Esta situación, denuncian, supondría una «duplicidad de investigaciones» que vulnera el principio non bis in idem, al someterle a un doble enjuiciamiento. Cabe recordar que el ‘caso Koldo’ se sigue en dos frentes judiciales: por un lado, en el Tribunal Supremo, que investiga presuntas ‘mordidas’ en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia; y, por otro, en la Audiencia Nacional, donde además de la rama de obra pública también se analizan contratos vinculados a mascarillas.
Según la defensa, ambos procedimientos se referirían a los mismos hechos y al mismo periodo temporal, en torno a adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama. En este sentido, subraya que el último informe de la UCO incorporado a la causa de la Audiencia Nacional —en el que se incluye a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera— aborda operaciones de mascarillas con el mismo origen empresarial y bajo el mismo supuesto esquema de comisiones.
A esta supuesta duplicidad, la letrada añade que no ha tenido acceso completo a pruebas clave, especialmente a los teléfonos y dispositivos incautados a su defendido durante los registros. Según sostiene, esta situación le ha obligado a preparar el su defensa «a ciegas», sin poder analizar toda la información ni encargar informes periciales propios.
Otro de los puntos clave de sus argumentos es la competencia del propio tribunal. La defensa sostiene que, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, el caso debería haber salido del Supremo y pasar a la Audiencia Nacional.
