No queda una sola persona en Gran Canaria que no conozca el nombre de Yéremi Vargas o que no haya visto su foto en un garaje, un buzón de correos o una parada de guaguas. Tampoco en España. Diecinueve años después de la desaparición del niño de siete años en el barrio de Los Llanos, en Santa Lucía de Tirajana, continúa la incansable lucha de su familia para obtener respuestas y conseguir que se haga justicia.
El último día que se tuvo noticias del menor fue el 10 de marzo de 2007. Esa mañana había salido a un descampado cercano a su vivienda para jugar con sus primos. Su madre, Ithaisa Suárez, los llamó al cabo de unos minutos para que volvieran a casa y comieran todos juntos. Sin embargo, Yéremi decidió quedarse un rato más en la calle.
Ithaisa no tardó en darse cuenta de que su hijo no le había hecho caso y volvió al lugar para reñirle, pero ya no se encontraba ahí. Empezaba, en ese momento, la peor de sus pesadillas. «19 años de tu partida. Se dice rápido. Qué injusta es la vida. Te queremos Yéremi», compartía esta semana, coincidiendo con el aniversario de la desaparición, en sus redes sociales.
La cianosis, una pista clave
El principal sospechoso para la familia es Antonio Ojeda, alias ‘El Rubio’, aunque en la actualidad no está investigado por estos hechos. Mientras cumplía condena en la prisión de Algeciras (Cádiz) por abusos sexuales a un menor, le relató a su compañero de celda que sabía dónde se encontraba Yéremi y le contó que el niño «estaba azul» cuando murió. Este dato fue clave para los investigadores porque la familia nunca había revelado a la opinión pública que el niño padecía cianosis, una condición que puede provocar un tono azulado en situaciones de estrés y falta de oxígeno.
El abogado de la familia, Marcos García Montes, solicitó recientemente al magistrado instructor la práctica de unas pruebas periciales dirigidas a acreditar la cianosis del menor y las características de la misma. El juez condicionó un posible interrogatorio al sospechoso en función del resultado de dichas pruebas médicas.
La hipótesis que maneja el entorno del menor es que El Rubio echó el cuerpo del niño a unos cerdos para que se lo comieran. Fue el letrado quien reveló esa teoría en una rueda de prensa, tras tener «noticias de personas que no quieren declarar» acerca de que el cuerpo del niño estuvo en un chiquero donde fue comida para los cochinos.
La investigación continúa abierta y queda pendiente la práctica de nuevas pesquisas
El caso empezó a instruirse hace 19 años, pero sufrió un gran revés judicial en octubre de 2017, cuando el juez acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que no existían suficientes indicios como para dirigir una causa penal contra Antonio Ojeda ni ningún otro sospechoso. Sin embargo, accedió a los argumentos de la familia y decidió reabrir la causa en septiembre de 2021.
Tras conocer esta noticia, Ithaisa grabó un vídeo que compartió con la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas en el que mostraba su alegría y agradecía la «lucha y el esfuerzo» realizado por este cuerpo policial y, en especial, por la Unidad Central Operativa (UCO). «Agradecemos todo el apoyo que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Estamos muy contentos«, manifestaba en la grabación.
Llegar hasta el final
La madre del menor remarcó ya entonces su intención de «llegar hasta el final para recuperar lo que queda» de su hijo. «Ruego al culpable, cuyo nombre todos ya conocemos, que nos entregue lo que haya de Yéremi. Si el niño no está vivo, que es lo más probable, le ruego que me dé lo que haya para nosotros poder darle sepultura, lo necesitamos», añadía en su mensaje.
El Instituto Armado encontró indicios en 2013 para centrar la investigación en El Rubio, un exresidente de Vecindario que después ingresó en prisión por otra causa de abusos. La declaración del reo con el que compartió celda fue clave en este sentido.
Antes de que avanzaran las pesquisas, en marzo de 2007, la Guardia Civil detuvo nueve días después de la desaparición a un hombre de 27 años. Este vecino del término municipal de Agüimes estuvo acusado de un delito de extorsión a la familia por, supuestamente, haber exigido 6.000 euros de recompensa a los familiares a cambio de la liberación del menor.
Una búsqueda internacional
El amplio dispositivo de búsqueda, desplegado en plenos carnavales de Vecindario, partió de la calle Honduras donde se perdió la pista al menor y se amplió después hacia toda la Isla. Participaron, entre otros, agentes de la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y Grupo de Emergencias del Gobierno de Canarias, que se sumaron a los esfuerzos de familiares, vecinos y amigos.
La familia informó además el 13 de noviembre de 2013 de que agentes de la UCO habían viajado a Escocia para interrogar a tres pederastas, dos de ellos en prisión. Esta medida pretendía dilucidar si habían estado implicados, de alguna forma, en la desaparición del pequeño porque se hallaban en Gran Canaria por esas fechas. Sin embargo, no se pudo demostrar que hubiesen pisado el barrio de Los Llanos.
A partir de ese momento, la difusión del caso y su impacto mediático despegó más allá de las fronteras españolas. La investigación continúa abierta para intentar averiguar más detalles sobre este suceso sin resolver y el juez tiene pendiente la práctica de nuevas pesquisas.
