Desde que el pasado 29 de enero, Información destapara el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, la polémica ha ido ofreciendo nuevos capítulos. A los primeros nombres vinculados con el polémico residencial (la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; la todavía jefa de Contratación, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal Francisco Nieto) se sumaron después el del que fuera jefe de Gabinete de la vicealcaldesa de Alicante y de la Consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez; el de otra arquitecta del Consistorio alicantino, casada con el funcionario de Vivienda encargado de validar la documentación y ahora suspendido, Elsa Lloret; el de la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, que fue temporalmente empleada de la Generalitat, Sira Pérez; o el del hijo de una concejala del PP de San Vicente, Alejandro Lillo. Junto a ellos, más de una treintena de residentes emparentados con algunos de sus vecinos, los hijos del notario que firmó la promoción, jóvenes de 18 años que debieron apuntarse a la cooperativa cuando apenas eran unos adolescentes… Al margen de los nombres, también han surgido nuevas dudas sobre el «cómo» pudieron acceder algunos de estos perfiles, que podrían superar los ingresos máximos que marca la normativa. En este sentido, se pusieron sobre la mesa «estrategias» como posibles falsos divorcios; la presentación de los ingresos de un único miembro de la pareja pese a que la normativa computa a ambos integrantes incluso si no están casados; o el caso de empresarios que, pese a que sus compañías obtienen beneficios muy superiores al máximo estipulado para acceder a una Vivienda de Protección Pública (VPP) cuentan con un sueldo alejado de su nivel de vida. Todo ello no ha hecho más que acrecentar la indignación ciudadana en Alicante y mucho más allá de los límites de la ciudad, trasladando la polémica al terreno nacional y situándola en boca de los líderes políticos estatales. A las puertas de las comisiones de investigación en las Cortes (ya constituida) y en el Ayuntamiento (aún pendiente de formalizarse), el escándalo de Les Naus sigue sumando interrogantes, que deberán dirigirse a las distintas administraciones y entidades involucradas.
A la Generalitat Valenciana
El gobierno autonómico, a través de la Conselleria de Vivienda, es el encargado de validar la documentación recabada por la cooperativa respecto a que los beneficiarios de las viviendas cumplen realmente con los requisitos exigidos. En este caso, un único funcionario (ahora expedientado) visó las 140 solicitudes de Les Naus. Tras destaparse el caso, se han detectado al menos una decena de expedientes con diferentes irregularidades.
¿Cómo se comprobaba que los adjudicatarios cumplían verdaderamente las condiciones?
A la vista de que algunos expedientes llegaron a validarse incluso con falta de documentación, es necesario saber cómo se llevaba a cabo la verificación de los datos aportados por los futuros residentes, si se cruzaba dicha información con otras administraciones y si se requirieron más pruebas a los casos que presentaban dudas.
¿Se han investigado «trampas» como posibles falsos divorcios o la presentación de ingresos de un solo miembro de la pareja?
Después de que la conselleria anunciara que revisaría los 140 casos, se han detectado un decena de expedientes con información incompleta o que corresponden a beneficiarios que incumplen los requisitos. Sin embargo, todo apunta a que Vivienda deja en manos de la justicia averiguaciones más «profundas» como si se han falseado separaciones (el exjefe de Gabinete de Turismo aseguró que no conocía a la madre de sus hijas) o si parejas consolidadas (alguna se casó pocos días después de firmar la compra) presentaron el justificante de ingresos de solo uno de sus miembros.
¿Alguien supervisó al funcionario encargado de visar las solicitudes?
Tanto la conselleria como distintos representantes políticos del PP han señalado al técnico encargado de los expedientes como responsable del escándalo. Pero, por ahora, no se ha explicado con detalle cómo funciona el procedimiento o si dicho empleado público contó con la supervisión de un superior o si Vivienda dejó toda la adjudicación en manos de una sola persona.
¿Qué medidas se va a tomar contra los propietarios que incumplan el requisito de empadronamiento en Les Naus?
La normativa autonómica da un plazo de seis meses para que la vivienda protegida adquirida se convierta en el lugar de residencia oficial del beneficiario. A principios de marzo, todavía había más de una treintena de propietarios que no estaban empadronados en Les Naus, cuando las adjudicaciones finalizaron en torno al mes de octubre. ¿Se impondrá alguna penalidad?
¿Cuándo se revisó el nivel de ingresos de los beneficiarios?
Aunque la compraventa de las viviendas se formalizó en 2025, los adjudicatarios pudieron acceder con documentación acreditativa del año 2023, ya que se exigía la declaración de la renta que, en el momento del visado, (principios del pasado año) aún no había comenzado su campaña respecto al 2024. Aunque en prácticamente cualquier operación de financiación se exigen las últimas nóminas, no fue así en el caso de Les Naus. Esto propició que personas como la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, pudiera acceder a un inmueble protegido cuando llevaba dos años de concejala de acuerdo con los ingresos de su primer ejercicio en el cargo, cuando solo estuvo seis meses debido a que las elecciones municipales fueron en mayo y la toma de posesión tuvo lugar un mes después.
¿Cómo se va a cambiar la normativa autonómica?
Cuando estalló la polémica, parecía haber consenso político en torno a la necesidad de actualizar la legislación autonómica de acceso a viviendas protegidas. Pese a que esa intención fue confirmada por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Vivienda, Susana Camarero, aún no se ha concretado cuáles deben ser los artículos concretos que se introduzcan en el decreto correspondiente para evitar que lo ocurrido en Les Naus pueda repetirse en futuras promociones del Plan Vive.
Al Ayuntamiento
El mismo día en que este diario destapó el escándalo, el alcalde anunció que había ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos. Aunque el alcalde, Luis Barcala, insiste en que el Consistorio no tuvo responsabilidad sobre las adjudicaciones, sí fue el encargado de la venta de la parcela y la concesión de la licencia de obras, pudiendo introducir en dicha tramitación condiciones específicas para el futuro residencial.
¿Es cierto que el expediente se abrió horas después de que el Ayuntamiento supiera que Información iba a publicar el caso?
Fuentes municipales aseguran que la orden de apertura de la investigación interna por parte del alcalde llegó pasada la medianoche entre el 28 y el 29 de enero. Antes, este diario había consultado por la polémica a los implicados (entre ellos, la entonces concejala de Urbanismo) así como al entorno de Alcaldía, solicitando su visión sobre lo ocurrido para el artículo que estaba a punto de publicarse.
¿Ocultó Rocío Gómez al alcalde que tenía un piso en Les Naus?
Barcala asegura que no fue conocedor de la situación hasta que le advirtió de ello la jefa de Patrimonio, en enero de 2026, pese a la estrecha relación que unía a Rocío Gómez con una de las hijas del dirigente popular. No obstante, antes de la advertencia oficial, el propio alcalde retiró a la edil las competencias de Patrimonio y la popular formó parte de una reunión de la Junta de Gobierno que aprobó el cambio de responsable del contrato de Les Naus, en la que no se abstuvo de participar. ¿No advirtió a sus compañeros ni al alcalde en ninguno de estos momentos del posible conflicto de intereses?
¿Le ha exigido que devuelva la vivienda que ha obtenido?
Barcala anunció hace un mes (aunque aún no lo ha concretado) que prohibirá a sus concejales y asesores postularse a adjudicaciones de inmuebles protegidos. Al mismo tiempo, desde el equipo de gobierno dan por zanjado el caso de Rocío Gómez con su dimisión. ¿Se le han pedido a la exconcejala popular mayores responsabilidades?
¿Por qué mantiene a María Pérez-Hickman como jefa de Contratación?
«Yo asumo la responsabilidad de dirigir un equipo donde no puede estar esa concejala ni esa directora genera», aseguró el alcalde en una reciente entrevista en Radio Alicante, porque habían «sorprendido su confianza». Sin embargo, pese a que ambas dimitieron de sus puestos, Pérez-Hickman permanece como jefa de Contratación, otro cargo de libre designación. Aunque el ejecutivo de Barcala ya ha tomado medidas contras los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, Pérez-Hickman sigue en el cargo.
¿Cumplió el Ayuntamiento su obligación de supervisión?
Un informe de la Concejalía de Patrimonio subraya que el Consistorio debe velar por un reparto de viviendas protegidas que sea ajustado a la norma, bajo los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia.
¿Se siente responsable de no haberse enterado?
El escándalo de Les Naus ya comenzaba a vislumbrarse en determinados círculos dentro del Ayuntamiento. Dado que estaban vinculados con la promoción varios funcionarios y sus familiares, una directora general y hasta una concejala amiga de la familia del alcalde… ¿Cree Barcala que debería haberse dado cuenta antes de lo que pasaba?
¿Qué cambiaría de la adjudicación de la parcela?
El alcalde también ha reconocido que, de volver atrás, haría las cosas de manera distinta en el procedimiento de venta del solar municipal (por un precio tasado de unos 6,6 millones) a la cooperativa. Pero, ¿qué cuestiones concretas cambiaría y por qué?
A la cooperativa
Al margen de las administraciones públicas, las miradas se dirigen también a la propia cooperativa y a Fraorgi, la sociedad encargada de la gestión de la promoción. Los miembros de la agrupación de propietarios son los dueños de los áticos de Les Naus y el administrador único de la sociedad solicitó permiso para vender su vivienda y frenó los trámites después de que la conselleria anunciara su intención de ejercer el derecho de compra preferente para evitar la especulación y los pagos en dinero «B».
¿Cómo se enteraron de la promoción los beneficiarios?
Aunque la adjudicación obligaba a publicitar el residencial, el administrador de la gestora reconoció que había acudido a la lista de espera de una promoción impulsada previamente en el PAU 5.
¿La adjudicación fue en orden?
Aunque esa es la tesis que se ha defendido desde la cooperativa, el arquitecto municipal se sumó al residencial ya en el año 2025, mientras que existen sospechas de más personas que podrían no estar apuntadas desde un primer momento.
¿Cómo se repartieron los áticos de la urbanización?
Seis de los siete áticos que no estaban reservados para personas con diversidad funcional se los repartieron adjudicatarios estrechamente vinculados al promotor, empezando por el propio Ordiñana.
¿Cómo se vendieron las plazas de garaje y los locales?
Además de los aparcamientos vinculados a las 140 viviendas, el promotor obtuvo permiso para comercializar a precio libre otros 138 garajes, 4 locales comerciales y 7 trasteros.
¿Se permitió apuntarse a menores de edad?
Hubo adjudicatarios que compraron la vivienda en 2025 cuando solo tenían 18 años. De ser ciertos los plazos de registro defendidos por Fraorgi, debieron haberse apuntado a la cooperativa siendo prácticamente adolescentes, algo no previsto en la ley autonómica.
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