Médicos, enfermeras y psicólogos son los más afectados por el atasco en las homologaciones de títulos extranjeros, según una encuesta realizada por el movimiento Homologación Justa Ya dada a conocer este lunes. En la muestra, realizada en noviembre de 2025, participaron 691 profesionales. Entre las principales conclusiones: retrasos prolongados en la tramitación de expedientes (hasta un año o más), dificultades para obtener información administrativa y costes adicionales asociados al proceso. El 69% de los homologantes son mujeres y el 52% tiene entre 25 y 34 años. Madrid, Comunidad Valenciana y Catalunya concentran el mayor número de solicitudes de homologación.
Homologación Justa Ya surgió en 2023 como una asociación que nace como respuesta «a la frustración que miles de profesionales experimentan al ver paralizada su vida laboral y personal por un procedimiento que, en teoría, debería ser accesible y eficiente». Realizaron una primera encuesta en abril del 2024 para evaluar el análisis del impacto emocional, psicológico y físico durante este procedimiento.
Ámbito sanitario
En esta nueva encuesta, explican las autoras (Cynthia Vargas Tellez y Jheny Tatiana Salcedo Delgado), la mayoría de solicitudes corresponden a profesionales del ámbito sanitario: el 47% de los expedientes corresponde a títulos de médico, seguido por un 20% de Enfermería. También presentan una presencia significativa los psicólogos (8%), dentistas (7%), fisioterapeutas (4%) y farmacéuticos (2%).
El estudio también permite identificar el perfil de las personas afectadas por estos retrasos. El 69% de los homologantes (477) son mujeres y el 31%, hombres. Por edades, el 52% tiene entre 25 y 34 años; un 29% entre 35 y 44 y un 14% entre 45 y 54 años. Los grupos de 55 a 64 años y menores de 25 años representan porcentajes reducidos (3% y 1%, respectivamente).
Por comunidades
La distribución geográfica de las 467 personas solicitantes que residen en España (el resto de homologantes que han respondido no viven en nuestro país) muestra una fuerte concentración en determinadas comunidades autónomas. Madrid destaca con claridad como la comunidad con mayor presencia (23%). Le siguen la Comunidad Valenciana (16%) y Cataluña (15%).
Andalucía representa un 10% del total, mientras que Galicia (8%) y el País Vasco (6%) mantienen una participación relevante, lo que sugiere que no solo las grandes áreas metropolitanas actúan como destino para estos profesionales. Otras regiones como Canarias y Castilla y León (ambas con 4%) y Castilla-La Mancha (2%) presentan porcentajes menores.
En cuanto a los tiempos de espera para homologar el título, en casi la mitad de los casos (un 44%), el estado no se modifica durante más de 1 año, evidenciando «largos periodos de inactividad administrativa». Un 34% de las personas señala esperas de hasta 3 meses, mientras que un 22% permanece sin avances entre 4 y 12 meses.
País de origen
Sobre el país de origen de los solicitantes, la mayor parte provienen de Colombia (25%) y Venezuela (22%). En conjunto, representan casi la mitad del total de personas en proceso de reconocimiento de título. Van seguidos por grupos de Ecuador (10%), Argentina (8%), Cuba (5%) y España (4%). El 94% de los encuestados están realizando actualmente con el Ministerio de Universidades trámites de homologación, mientras que el 6% restante está solicitando la equivalencia.
La gran mayoría de las personas en proceso de homologación realiza el trámite de forma individual (88%), mientras que sólo un 12% recurre a los servicios de un gestor
La gran mayoría de las personas en proceso de homologación realiza el trámite de forma individual (88%), mientras que sólo un 12% recurre a los servicios de un gestor. En los últimos años, se ha vuelto común que gestores y empresas privadas ofrezcan acompañamiento para estos procedimientos, muchas veces «a costos elevados», se señala. De las 81 personas que manifestaron haber realizado el proceso con un gestor, el 63% afirma haber pagado entre 400 y 600 euros.
Los resultados de la encuesta, señala el colectivo, muestran «una situación de larga espera e incertidumbre administrativa«. Así, «numerosos expedientes» permanecen más de un año sin cambios. Además, se destaca la dificultad para acceder a citas telefónicas con el ministerio y el estudio evidencia la persistencia de reventa ilegal de citas, una situación que ya ha sido denunciada públicamente y se encuentra en conocimiento de la Policía y del Defensor del Pueblo.
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