La sentencia del Tribunal Supremo que devuelve el pazo de Meirás al Estado despeja definitivamente el camino para resignificar este baluarte de la dictadura, una antigua aspiración de los colectivos memorialistas que pueden afirmar ya, con la ley en la mano, que «el pazo es del pueblo».
La resolución del Alto Tribunal lega tras cuatro años en que As Torres de Meirás, pese a que ya eran propiedad del Estado de forma provisional, han permanecido prácticamente cerradas al público, con itinerarios muy reducidos por los jardines en los que los visitantes solo han podido asomarse al vestíbulo y la capilla.
Toca ahora dar pasos para abrir por completo este Bien de Interés Cultural con un nuevo relato. A continuación, un repaso por las tareas que deben abordar ahora las administraciones para completar una «victoria» que ha situado a Galicia a la cabeza del movimiento por la recuperación de la memoria histórica.
Cambio registral
Puede parecer una obviedad, pero el primer paso consiste para inaugurar este nuevo ciclo de Meirás como patrimonio público es un trámite tan elemental como simbólico: el cambio de titularidad registral. Y es que As Torres de Meirás son aún, sobre el papel del Registro, propiedad de los nietos del dictador.
La indemnización
La sentencia del Tribunal Supremo obliga a indemnizar a los nietos del dictador por los gastos tanto de mantenimiento como de mejora desde la muerte del dictador en 1975 hasta el 2019, año en que fueron emplazados a juicio. Esta orden ha caído como un jarro de agua fría entre los memorialistas, partidos políticos como el BNG y el Concello de Sada, la administración que más insistentemente advirtió de la necesidad de fundamentar la mala fe de los Franco en la demanda. La decisión inicial del Estado de reconocer a los nietos del dictador como poseedores de buena fe ha llevado al Supremo a desestimar todos los recursos interpuestos posteriormente al entender que el cambio de criterio de la Administración central dejaba a los demandados en una situación de «indefensión». Los Franco deberán presentar ahora una propuesta de liquidación del estado posesorio, que será trasladada a la Administración General del Estado para que alegue lo que considere oportuno. El juez tendrá la última palabra sobre la cuantía de la compensación.
Obras de acondicionamiento y apertura al público
A pesar de que la ley obliga a abrir al público los Bienes de Interés Cultural durante cuatro días al mes, la situación de impás judicial ha llevado al Gobierno a reducir al máximo los itinerarios, que transitan en su mayor parte por los jardines. El Ejecutivo apeló además a la necesidad de acometer obras en el inmueble para garantizar la seguridad de los visitantes. La reapertura de Meirás ya como BIC público permitirá conocer dependencias hasta ahora vetadas al público, algunas de gran interés cultural, como la Torre de la Quimera, estancia en la que Emilia Pardo Bazán escribió alguna de sus obras más importantes.
Emilia Pardo Bazán en la Torre de la Quimera. / loc
Nuevo protocolo de gestión
Las administraciones deberán sentarse ahora para acordar un nuevo protocolo interdministrativo de gestión. El suscrito provisionalmente para gestionar este BIC hasta que se resolviese el proceso judicial encomendaba al Concello de Sada la realización de los itinerarios por los jardines y zonas verdes con permiso solo para asomarse al hall y la capilla del inmueble. La Xunta debía realizar actuaciones de «promoción y difusión» relacionadas con la importancia del pazo como «lugar de memoria»; la Diputación, actividades de difusión cultural y se responsabilizaría, en particular, de la publicación de estudios de As Torres y el Ayuntamiento de A Coruña, «actividades de difusión de los trabajos». Las administraciones deberán ahora negociar el papel que les corresponde a cada una en esta nueva etapa. Una negociación íntimamente relacionada con otra, la definición de los usos y a la titularidad de este inmueble, que el Parlamento aprobó reclamar para Galicia. El BNG ha sido el primero en solicitar ahora esta cesión.
Plan de usos
La negociación del convenio de gestión debe ir de la mano del diseño de un plan de usos para resignificar As Torres de Meirás. Los colectivos memorialistas reclaman que todos los trámites cuenten con la participación de las entidades «que tuvieron un lugar significado en todo el proceso de investigación». Toca ahora reconstruir ese «consenso Meirás», como bautizaron las administraciones demandantes (Estado, Xunta, Diputación y Ayuntamientos de Sada y A Coruña) a esa unión sin importar las siglas que deparó una «victoria histórica«. Apenas han trascendido datos sobre los trabajos desarrollados por el comité de expertos constituido en 2021; ni tampoco avances en las negociaciones entre administraciones para fijar el nuevo relato, que debe incluir toda la historia de este espacio en trámites de ser declarado lugar de memoria. Reconducir las negociaciones será crucial para el futuro de As Torres.
