El juicio por el caso de la llamada «casa de los horrores» de Oviedo entra en su recta final con una sensación muy distinta a la que rodeó la historia cuando salió a la luz hace casi un año. La última sesión se celebrará el próximo jueves, curiosamente coincidiendo con el Día del Padre. Lo que al principio parecía un relato claro –tres niños supuestamente encerrados por sus progenitores durante casi cuatro años en un chalé de Fitoria– se ha ido transformando, sesión tras sesión en la Audiencia Provincial, en una historia mucho más incómoda y compleja de lo que sugerían los primeros titulares.
La Fiscalía no ha movido un milímetro su posición. El ministerio público considera que los padres, un ciudadano alemán de 53 años y una mujer estadounidense de 48 con nacionalidad alemana, cometieron un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y tres de detención ilegal contra sus propios hijos. Por eso pide para cada uno más de 25 años de prisión y una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los tres menores por los daños morales sufridos.
Sin embargo, el desarrollo del juicio celebrado esta semana ha ido introduciendo matices que han reforzado claramente la estrategia de las defensas y han cambiado, al menos en parte, la mirada sobre el caso. Los peritos que han pasado por la sala –psiquiatras, psicólogos y el médico forense de la Audiencia– han coincidido en varios puntos importantes: ninguno aprecia trastornos mentales graves en los padres ni encuentra indicios de maltrato físico en los menores. Lo que sí detectan es un «retraso evidente» en su desarrollo social y educativo, consecuencia directa de haber pasado años prácticamente aislados del exterior y sin escolarización reglada.
El médico forense de la Audiencia, José Antonio Sánchez Moro, fue especialmente claro al resumir sus conclusiones: los niños están bien desde el punto de vista físico y se están integrando socialmente de manera satisfactoria. No presentan lesiones ni signos de violencia. Su principal problema es el desfase social y académico acumulado durante esos años de aislamiento. También explica que los menores mantienen un vínculo afectivo con sus padres, a los que echan de menos y con los que desearían volver a convivir.
Varios especialistas sitúan además el origen de lo ocurrido en la casa de Fitoria en el miedo patológico que tenían los padres a contagiarse de alguna enfermedad, un temor que se habría intensificado tras la pandemia. Según esa interpretación, ambos habrían pasado el covid en varias ocasiones y seguirían arrastrando síntomas persistentes, lo que reforzó una obsesión creciente por evitar cualquier exposición de la familia al exterior. El aislamiento inicial se habría ido prolongando hasta convertirse en una forma extrema de «autoconfinamiento familiar».
Aislados entre cuatro paredes
Esa lectura ha sido aprovechada por las defensas, que sostienen que nunca existió voluntad criminal ni abandono por parte de los padres. Admiten que la familia vivió aislada durante años y que los niños sufrieron un retraso en su desarrollo, pero defienden que los acusados actuaron convencidos de que estaban protegiendo a sus hijos. Además, subrayan que el sistema y la sociedad que debían proteger a los menores también fallaron al no detectar ni intervenir antes de que la situación se prolongara durante años. Por eso piden la absolución y sostienen que el caso nunca debió llegar a la jurisdicción penal, sino haberse abordado desde el ámbito social y asistencial.
Ahí está ahora el núcleo del debate: si lo ocurrido en aquella casa fue un delito o el resultado extremo de un miedo que terminó desbordando a una familia mientras el entorno y las instituciones tampoco llegaron a tiempo. Cuando la historia salió a la luz, la imagen que llegó a la opinión pública era mucho más simple y, sobre todo, mucho más impactante. Todo empezó con la llamada de una vecina que sospechaba que en un chalé de la zona rural de Fitoria vivían niños a los que nunca veía salir. A veces escuchaba voces o los veía fugazmente por una ventana, pero jamás los había visto pisar el exterior ni acudir al colegio. Esa alerta activó una investigación de la Policía Local de Oviedo, que tiene entre sus competencias el control de la escolarización de menores.
Dos meses antes, la Guardia Civil ya había abierto una investigación a raíz del aviso de un vecino que acudió al cuartel del Rubín para alertar del comportamiento extraño del padre, un ciudadano alemán que apenas hablaba con nadie y que solo parecía relacionarse con los repartidores que llevaban pedidos del supermercado a la casa. Los agentes realizaron algunas comprobaciones iniciales: consultaron bases de datos internacionales, contactaron con la policía alemana y con servicios sociales del país germano y acudieron a la vivienda para comprobar la situación. El hombre les reconoció que vivía allí con su esposa y sus tres hijos y aseguró que los menores estaban escolarizados en un centro de Oviedo y acudían a clase en transporte público. Al no encontrar indicios de delito ni señales de que los niños estuvieran retenidos, la investigación quedó en suspenso a la espera de nuevos datos. Según explicó posteriormente el capitán de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta, el informe elaborado entonces no aportaba pruebas de ninguna actividad ilegal en la vivienda.
Los agentes de la Policía Local iniciaron después una vigilancia discreta alrededor del chalé y pronto detectaron detalles que no encajaban. Las persianas permanecían siempre bajadas. No había movimiento durante el horario escolar. En el padrón municipal solo figuraba el padre. Y, sin embargo, a la casa llegaban pedidos de comida y paquetes demasiado voluminosos para una sola persona.
Trajín de repartidores
Durante días observaron cómo el hombre abría la puerta únicamente para recoger compras de supermercados o empresas de reparto. No había vehículos en la finca ni actividad visible en el exterior. Con esos indicios, los investigadores trasladaron sus sospechas a la Fiscalía de Menores y se autorizó una actuación para identificar a los posibles menores de la vivienda y comprobar su situación.
Cuando los agentes accedieron al chalé, acompañados por personal de servicios sociales y una traductora de alemán, la escena que describieron en sus primeros informes causó un enorme impacto. Los tres niños estaban dentro de la casa junto a su madre y llevaban varias mascarillas superpuestas. Según el relato policial, se mostraban asustados y apenas se separaban de ella. Los agentes hablaron de acumulación de objetos, suciedad en algunas estancias y habitaciones en las que los menores dormían en cunas o camas demasiado pequeñas para su edad. Las fotografías de esa intervención salieron a la luz y fueron incluso publicadas por varios medios.
Prisión
Cuando salieron al exterior, los investigadores aseguraron que los pequeños respiraban a bocanadas el aire libre y que uno de ellos tocaba la hierba con sorpresa, como si nunca hubiera estado en contacto con ella. Aquella escena fijó el primer retrato del caso. El propio comisario principal de la Policía Local utilizó entonces una expresión que acabaría repitiéndose una y otra vez en los medios: «la casa de los horrores». Desde entonces ha pasado casi un año.
Los padres fueron detenidos y enviados a prisión provisional. Los tres menores quedaron bajo la tutela del Principado de Asturias. Su vida cambió por completo. Hoy van al colegio, aprenden castellano –un idioma que apenas conocían– y tratan de adaptarse poco a poco a una vida que hasta hace poco les resultaba desconocida. Los especialistas coinciden en que la recuperación será larga, pero también en que los niños avanzan.
El juicio encara ahora su última jornada. El jueves las defensas presentarán sus conclusiones y los acusados tendrán derecho a pronunciarse.
Será entonces cuando el tribunal tenga que decidir cómo encajar una historia que, con el paso del tiempo, se ha ido alejando del impacto inicial. Porque lo que empezó como el relato de una supuesta «casa de los horrores» se ha convertido en algo mucho más difícil de encajar: la frontera difusa entre el miedo, la negligencia y el delito, y la pregunta inevitable sobre qué hacer ahora con una familia rota y con tres niños que pasaron años creciendo entre cuatro paredes.
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