Unos docientos vecinos del Camping Villas Caravaning acudieron este jueves a manifestarse a las puertas de los juzgados de la calle Ángel Bruna. Dentro, se celebró una vista de medidas cautelares, debido a que los propietarios han solictado a los tribunales que se nombre un administrador judicial «ya que no estamos de acuerdo, desde hace muchos años, con la administración que se está llevando en la actualidad y tenemos pruebas que demuestran que es la responsable del cierre del Camping por la negligencia demostrada».
Motivo por el cual la Asociación de Vecinos presentó una demanda solicitando al juzgado la remoción del administrador actual. «Consideramos que la situación de cierre del camping por parte del Ayuntamiento es debido a una mala gestión de la sociedad que administra el camping, lo que ha llevado a una situación actual de desgobierno absoluto por parte de todos los propietarios», explicó el abogado Pedro Antonio Martínez García, encargado de defender los intereses de los vecinos.
«Creemos que la administración que hay ahora mismo no está cumpliendo con sus obligaciones, por eso hemos pedido estas medidas cautelares urgentes, debido a que el Ayuntamiento está apretando a los copropietarios diciendo que va con carácter más o menos inmediato va a clausurar el camping completamente, también la parte de los vecinos particulares», señaló Martínez García, quien hizo hincapié en que «esta empresa administradora no está cumpliendo con su labor de acondicionar el recinto, ni siquiera está informando a los copropietarios de qué actuaciones tienen que realizar cada uno de ellos en sus parcelas para adecuarse a la legalidad».
Asimismo, afirmó que en la parte del complejo turístico si que están haciendo actuaciones, pero en la parte de los vecinos «no están cumpliendo con esa obligación».
«La situación de cierre parece ser inminente por parte del Ayuntamiento a la totalidad del camping, con la fatalidad que supondría para los cientos de personas que viven de manera estable en el camping, teniendo en cuenta que hay más de 470 personas empadronadas», apuntó.
«Hemos solicitado que el juzgado nombre a un administrador judicial que tome las riendas no sólo de los intereses de esta empresa, sino de todos los copropietarios, y que informe y organice cómo todos los copropietarios pueden cumplir con las normas del ayuntamiento para evitar el cierre», expuso.
El abogado detalló que «reclamamos que sea un sistema de autogestión con un administrador imparcial que administre el camping, el 50% es de la empresa, que alquilen esas parcelas pero que el otro 50% nos permitan administrarlo nosotros, establecer nosotros ser interlocutores directos con el Ayuntamiento para las reformas que hay que hacer allí y poder establecer todas las medidas de seguridad que el Ayuntamiento quiere para que aquello no se cierre, porque ahora mismo estamos atados de pies y manos».
Además, han pedido una auditoría de cuentas.
Durante la sesión han intervenido testigos de ambas partes como un ingeniero, el presidente de la comunidad y el administrador, así como residentes de las instalaciones.
Los vecinos relataron como a su entender a disminuido el nivel de seguridad y cuestionaron el no recibir información sobre el estado de las cuentas, tras haber recibido varios avisos de cortes de suministros recientemente, tal y como publicó La Opinión.
