El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha defendido hoy ante los medios de comunicación la oferta que presenta a los propietarios del sector APR7 de Serra Gelada y que supone el pago de 60 millones de euros iniciales, una carencia de cinco años y un abono durante 30 años al que el consistorio dedicaría un mínimo del 8% de sus recursos corrientes. Pérez ha asegurado que si esta propuesta es aceptada por Murcia Puchades no habrá subida de impuestos ni recorte de servicios públicos en toda la larga etapa que dure el convenio.
La trayectoria de este proceso por el que Benidorm afronta una de las mayores condenas urbanísticas de España por la protección de Serra Gelada culminó con una sentencia firme que puso fin a más de dos décadas de batalla judicial en el sector APR7. Esta obligó al ayuntamiento a indemnizar a los propietarios por la pérdida de edificabilidad derivada de la creación del parque natural. El fallo marcó un hito económico -ya que supone el pago de 350 millones más intereses-en la gestión municipal de la capital turística tras años de litigios sobre los convenios de compensación.
Dos líneas rojas: la preservación fiscal, sin subida de impuestos, y mantenimiento de todos los servicios públicos. Según ha explicado hoy el primer edil en su encuentro con los medios de comunicación estas dos premisas son las que han guiado la confección de la oferta municipal para negociar el pago de los 350 millones de euros más intereses a los propietarios de los terrenos de Serra Gelada que el TSJCV estimó en sentencia firme debían ser damnificados por sus propiedades.
A tenor de estos condicionantes Pérez ha presentado una guía de pagos que principalmente, tal como adelantó INFORMACIÓN, estiman un pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, una cuestión posible ahora mismo por el préstamo de 55 millones solicitado al fondo de impulso del Ministerio de Hacienda, por lo que Benidorm se vería liberado de un forzoso déficit.
A la vez, se establece un periodo de carencia para el resto de la deuda, unos 293 millones de euros, un paréntesis en el que, sin embargo, los deudores tendrán que pagar los intereses devengados por la suma principal.
Otro condicionante que sostiene la fórmula es que el Ayuntamiento podrá eximir de intereses la etapa desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026.
Finalizado el periodo de carencia, el Ayuntamiento abonará a los propietarios antes del 31 de diciembre de cada año, hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de recursos corrientes ordinarios del presupuesto. Por poner un ejemplo si este año fuera incluido, que no lo es, serían 12 millones de los 147 del presupuesto de 2026.
También ha destacado la posibilidad de pagar los intereses cercanos a 70 millones en dación en pago de terrenos, operación que obligatoriamente tendrán que aceptar las mercantiles durante los primeros cinco años.
(Noticia en elaboración)
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