De los 140 pisos protegidos de residencial Les Naus de Alicante, en 33 de ellos sigue sin haber a día de hoy residentes oficiales, y eso que han pasado más de medio año desde la entrega de las primeras llaves y de que la normativa autonómica obliga, al tratarse de viviendas de protección, a registrarse oficialmente en un plazo máximo de seis meses. «Las viviendas protegidas deberán ser ocupadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la escritura de compraventa o desde la fecha de la firma del contrato que otorga derecho al uso», recoge el decreto vigente del Consell sobre vivienda protegida.
Es decir, en casi uno de cada cuatro inmuebles no hay todavía ningún propietario empadronado, pese a que el goteo continúa desde que en agosto se completase el trámite por el primer de los vecinos de la urbanización construida sobre un suelo que fue público. En concreto, en apenas dos semanas, han sido ocho viviendas más las que ya cuentan con residentes oficiales para el Ayuntamiento.
Entre los últimos inscritos figuran cuatro adjudicatarios que, sobre el papel, viven solos, tres que residen en pareja con hijos y una última propietaria que se ha inscrito junto a sus dos hijas.
Desde que este diario destapara el escándalo de las adjudicaciones, ahora investigadas por un juzgado de Alicante, unas cuarenta personas se han inscrito en el Padrón municipal y una decena más aseguraron a los agentes de la Policía Local, durante la inspección realizada hace casi un mes, que ya habían iniciado los trámites ante la Concejalía de Estadística, aunque todavía no figuran en los datos oficiales.
Entre las 33 viviendas del polémico residencial que todavía no tienen a ningún empadronado figura, según datos oficiales, la que Rocío Gómez, la ahora exconcejala de Urbanismo, comparte con su marido. La pareja escrituró a principios del pasado mes de septiembre su piso, un quinto tras la permuta realizada con el padre de él. En total, a día de hoy, se encuentran empadronados 225 vecinos, frente a los 185 que había poco después de que estallara un caso que se ha convertido en asunto de debate político a nivel nacional.
Ni rastro
Del total de 33 pisos sin vecinos oficiales, en 15 de ellas no hay rastro de sus propietarios, sobre el papel. Y es que ni señalaron a los agentes que habían iniciado los trámites durante la inspección anunciada por el alcalde de Alicante ni tampoco figuran entre aquellos que han pedido la excepcionalidad para no residir (aunque en uno de esos pisos hay empadronados unos inquilinos pese a no contar con permiso autonómico) ni tampoco han comunicado de manera oficial que tienen intención de deshacerse de sus respectivos pisos.
Entre estos últimos, los que quieren revertir la compra tras estallar el escándalo, por el momento, se encuentra un matrimonio que, según su relato, accedió a sus dos inmuebles en una etapa en la que no formaban unidad familiar, además de la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, que previamente había sido interventora en la Generalitat, y la arquitecta de Urbanismo expedientada por el Ayuntamiento de Alicante y, a su vez, pareja del funcionario de Vivienda suspendido de empleo y sueldo por visar, supuestamente de manera irregular, el piso de su mujer. De esos cinco que quieren desprenderse de sus viviendas, solo una persona está empadronada: la arquitecta municipal.
Por bloques, uno de ellos, con tres escaleras, destaca por ser el que más empadronados tiene. De hecho, solo cuenta con ocho viviendas «vacías» oficialmente. En esas escaleras, cuatro familias más se han inscrito en las últimas dos semanas. El resto de bloques se reparten a partes iguales los cuatro nuevos pisos con vecinos. En ambos casos, tienen una media de cinco inmuebles pisos por escalera sin ningún registrado.
Un asunto con muchas derivadas pendientes
El caso de Les Naus no solo está a la espera de que todos los vecinos se empadronen, dejando al margen aquellos que tienen excepcionalidad y sin contar aquellos que ahora pretenden deshacerse de sus pisos. El asunto judicial no ha hecho nada más que echar a andar, después de que la jueza pidiera documentación a las partes implicadas: el gestor de la cooperativa, el Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda.
A su vez, las dos comisiones de investigación aprobadas se encuentran en fases más que incipientes. La autonómica acaba de ser constituida y está a la espera de que los grupos acuerden la hoja de ruta a seguir, que debe incluir el listado de personas llamadas a declarar, mientras el órgano municipal continúa a la espera, según el Ayuntamiento, de que finalicen los expedientes de averiguación de hechos abiertos a funcionarios vinculados con el residencial, que aún no han concluido.
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