El Gobierno considera que todavía se está “lejos” de la situación de 2022, cuando se aprobó un escudo social por los efectos energéticos y económicos la invasión rusa de Ucrania. Este es el referente para la aprobación de un escudo social ante la guerra en Oriente Medio y entonces las medidas se implantaron con la inflación en el 9,8%. Por ello, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho una llamada a la “tranquilidad” tras reunirse con los agentes sociales y a escalonar las medidas en función de cómo se vaya traduciendo en los precios. La prioridad ahora es mitigar el efecto en la subida del precio de los carburantes, especialmente para el sector del transporte y la agricultura. Lo que se descarta por ahora, debido a la coyuntura, son medidas que reclaman sus socios, como recuperar la moratoria de los desahucios o la prórroga de los contratos de alquiler.
Desde el Ejecutivo subrayan también que su prioridad es que el escudo social “pueda contar con el mayor consenso posible”. Precisamente, PP, Vox y Junts vienen de tumbar sucesivamente en el Congreso dos decretos de prórroga del anterior escudo social, rechazando principalmente la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Lo que sí se plante el Gobierno, sería la prohibición de los cortes de suministro.
Los socios no son ajenos a la posición de debilidad de los socialistas para sacar adelante sus medios, empezando por Sumar que quiere aprovechar para elevar el listón. De ahí que reclamen rescatar medidas como la moratoria antidesahucios, el impuesto extraordinario a las energéticas o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler sin subida de precio.
En materia de vivienda, ha soslayado el ministro de Economía, estaríamos en una situación sin una afectación inmediata por la guerra. De ahí que insistiese en que la respuesta del Gobierno tiene que tener “proporcionalidad al impacto que estamos observando”. Si bien ha apuntado que el acceso a la vivienda es «una de las principales preocupaciones y ocupaciones del Gobierno» y seguirá avanzando en la línea de paliar esta problemática, concluyó que «lo que ponemos ahora sobre la mesa es una respuesta acotada al impacto que estamos viendo».
Esta misma semana, Sumar ha presentado en el Congreso una batería de propuestas que afectan directamente a las grandes cadenas de supermercados, aquellas con más de cien millones de beneficios, para crear un impuesto «inteligente» de entre el 0,6 y 1,2% que permitan sufragar las medidas para paliar los efectos de la guerra, y eventualmente una bajada del IVA que, apuntaban, debería repercutir «por ley» en el precio del consumidor.
Propuestas de los grupos
Desde el PNV ponen el foco en arrancar ayudas, ajustes fiscales y modificaciones legales que favorezcan la “resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva” en este contexto geopolítico. Se insta también en defender los intereses de la industria siderúrgica en el seno de la UE, “especialmente en el debate sobre la regulación del mercado del acero”.
Junts ha presentado su propio plan con más de una veintena con rebajas fiscales, supresiones de IVA para la compra de vivienda o para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año o eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones. Asimismo, los posconvergentes plantean ajustar el salario mínimo interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones por comunidades autónomas.
En el BNG también ha marcado posición registrando una proposición no de ley. Entre las medidas urgentes que reclaman se encuentra el control de los precios de los alimentos y de los suministros básicos; límites a la subida de las hipotecas y de los alquileres; bonificaciones a los combustibles para profesionales (transporte, agricultura, pesca o maquinaria); la recuperación del impuesto a las energéticas o la reducción del IVA en alimentos y suministros básicos.
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