El Ayuntamiento de Alicante pospone la primera reunión de la comisión de investigación municipal sobre el escándalo de las viviendas protegidas, destapado por INFORMACIÓN. Aunque la intención del gobierno de Luis Barcala era fijar la constitución del organismo esta semana, el ejecutivo municipal aguardará a los expedientes de averiguación abiertos a los funcionarios vinculados con el residencial, que aún no han concluido.
«Habríamos querido comenzar esta semana, pero estamos pendientes de los expedientes informativos, que no se han finalizado todavía», ha reconocido el vicealcalde, Manuel Villar. Según el edil popular, «está previsto que mañana [por este miércoles] se finalicen los interrogatorios» de uno de los casos «porque había un personal que estaba de baja». De acuerdo con las explicaciones de Villar, la primera reunión del organismo se concretará en los próximos días: «Seguramente, de aquí a final de semana tienen que estar finalizados los expedientes. En ese momento fijaremos la fecha de la comisión», ha añadido el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno.
No obstante, la ausencia de conclusiones no ha impedido al ejecutivo de Barcala tomar las primeras acciones contra algunos de los trabajadores públicos que guardan vinculación con el polémico residencial. Es el caso de los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret: el primero ha sido apartado de sus responsabilidades en la elaboración del futuro Plan General, mientras que la segunda ha recibido la orden de no intervenir en expedientes de Vivienda de Protección Pública, tal y como desveló este diario. En su momento, el ejecutivo local del PP afirmó que no aplicaría medidas al respecto hasta contar con las conclusiones de las investigaciones.
Barcala «echa el freno»
Aunque los citados expedientes a los funcionarios con un piso en Les Naus no son el único trámite que se «atraganta» al gobierno de Barcala. En los últimos días, los populares han protagonizado un frenazo en lo que al escándalo de las viviendas protegidas se refiere: sin novedades respecto a la investigación interna y con varios frentes abiertos pero faltos de avances.
En este sentido, nada se sabe del convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat para que el gobierno local asumiera el derecho de tanteo y retracto con la intención de ejercer la compra preferente de los inmuebles que se trataran de vender en la urbanización de La Condomina. Pese a que ambas administraciones anunciaron su intención el pasado 6 de febrero, un mes más tarde no se han registrado avances al respecto. Preguntados sobre quién debe dar el próximo paso en la tramitación, los ediles populares no aclaran a qué entidad pertenece la responsabilidad.
Tampoco se ha materializado aún la fórmula con la que el alcalde, Luis Barcala, pretende impedir a concejales y asesores de su equipo de gobierno que sean beneficiarios en el futuro de Viviendas de Protección Pública. En este caso, el anuncio llegó el 10 de febrero, minutos después de que el regidor ilicitano Pablo Ruz hiciera lo propio en Elche. «Este equipo de gobierno pone en marcha una serie de medidas como son que ningún concejal, cargo público ni asesor del equipo de gobierno pueda acceder a una vivienda de protección pública», avanzó Barcala. Unas medidas que aún no se han dado a conocer.
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