El principal sospechoso y único arrestado por el incendio de Miranda de Ebro, quien en la madrugada de este miércoles presuntamente ha acabado con la vida de tres mujeres –una de 58 años con la que el agresor había mantenido una relación; la madre de esta y una vecina–, es un varón de 60 años que cuenta con un largo historial de delitos de violencia contra la mujer.
J. M. G. fue condenado en 2015 a seis años de prisión por haber secuestrado y abusado sexualmente de una niña de 9 años. Cumplió su condena en 2021 y, dos años más tarde, secuestró a otra mujer. Aunque inicialmente la Fiscalía pidió 11 años por este último caso, apenas pasó 19 meses en prisión. El ahora detenido permanecía en libertad desde 2025 y no estaba siendo objeto de ningún seguimiento especial. Se da la circunstancia de que tanto él como Dolores, la víctima de 58 años, habían estado previamente en el sistema de protección Viogén por otras relaciones. La mujer, cuyo caso se abrió en 2007, ya no contaba con ningún tipo de protección: su expediente estaba inactivo.
Las otras dos fallecidas son Antonia, de 78 años y madre de Dolores, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años. El detenido se presentó en la comisaría de Miranda al saber que estaba siendo buscado, aunque no ha confesado los hechos. La policía lo tenía en el punto de mira porque momentos antes de declararse el incendio se encontraba gritando en la zona y había sido visto acumulando enseres y colchones viejos en la planta baja del edificio donde vivían las fallecidas –no él– y donde se originó el incendio.
Sistema de protección
El triple crimen de Burgos, que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ya ha calificado como «caso de violencia de género», ha activado de nuevo las alarmas a propósito de las grietas en el sistema de protección de las víctimas y en el control de los agresores. El caso, de confirmarse, también evidencia las dificultades de rehabilitación en este tipo de delitos.
En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha urgido a todos los grupos políticos «sin discriminación» a una reunión para alcanzar «acuerdos básicos» tras el repunte de asesinatos machistas. Desde principios de año –contando estos tres casos nuevos– ya son 13 las mujeres que han sido asesinadas en el contexto de la violencia machista. «Es una escalada de violencia terrible que condenamos, esto es un terrorismo contra las mujeres, es desolador y terrible, no hay palabras para expresar tanto horror», ha señalado la ministra a la entrada de la primera Cumbre contra el Odio.
Penas y negacionismo
¿Qué está fallando entonces en el sistema de protección? «Nunca fui partidaria del punitivismo, pero ahora creo que, o se aumentan las penas por este tipo de delitos, o no se podrá luchar contra ellos», apunta Paula Narbona, abogada penalista. «En este caso, estamos frente a un perfil que cometió un delito para el que la Fiscalía pidió 11 años de prisión y finalmente cumplió solo 1 año y 9 meses», añade. «Probablemente se debió a que llegó a un acuerdo de conformidad, algo que se ve poco en los delitos de violencia machista porque el agresor, a menudo, no es consciente del delito, no cree que haya hecho nada malo«.
Un problema al que le ve difícil solución: «Habría que cambiar todo el concepto del derecho en España y adoptar una postura más anglosajona, donde los agresores están más etiquetados». Además, es pesimista respecto al futuro: «Si se siguen amplificando los discursos de odio que dicen que todo esto es una invención de las mujeres, si se sigue alimentando así a los jóvenes de ahora, habrá que ver cómo están las cifras de aquí a seis o siete años«, concluye la abogada.
Reincidencia elevada
Cabe decir que la tasa de reincidencia de los agresores machistas es más del doble que la del resto de delitos. Según un informe pionero de 2024, los delitos cometidos en este ámbito tienen un índice de persistencia del 41,6%, más del doble de la tasa general, que se sitúa en un 20%.
En este sentido, el Ministerio del Interior puso en marcha en 2023 un protocolo para alertar a las mujeres que interponen denuncia de si sus agresores cuentan con antecedentes por comportamiento violento contra parejas anteriores con el fin de extremar la vigilancia. Los datos de ese año indicaban que uno de cada diez agresores machistas ha maltratado a más de una víctima: según el sistema de seguimiento integral VioGén, el 9,3 % de los maltratadores denunciados ha agredido a dos o más mujeres, 61.079 de un total de 655.571 hombres registrados.
Sin embargo, en la práctica ese sistema presenta problemas. «Constantemente me llegan quejas de sanitarios que atienden a varias mujeres que han sido agredidas por un mismo agresor. Pero, por la ley de protección de datos, no pueden advertir a los servicios sociales, cruzar datos o avisar a otras mujeres que acaban saliendo con un agresor sin saberlo», sentencia Narbona.
¿Reinserción?
En pleno repunte de asesinatos, el forense Miguel Lorente, exdelegado de Violencia de Género, apunta a las dificultades en la rehabilitación. «Es un tema clave, pero no se hace y tampoco se lleva a cabo el seguimiento adecuado. La gente cree que por meter a la gente en la cárcel se reinserta, pero eso es como pensar que solo por ingresar a un enfermo en el hospital se curará», afirma.
Sin embargo, la reinserción de determinados perfiles, según algunos profesionales, no siempre es posible: «La reinserción es importante, pero hay que hacer pedagogía y asumir que, en función del delito, a veces es ciencia ficción. Y en el caso de la violencia de género, la reincidencia es altísima. No tenemos garantías al 100% de que los tratamientos psicológicos devuelvan la empatía a alguien que nunca la ha tenido«, apunta la psicóloga Olga Barroso.
Falta de medios
Por último, está la falta de medios: el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciaba esta misma semana en EL PERIÓDICO «la sobrecarga de trabajo» hace que los agentes deban asumir cada vez más expedientes de forma simultánea, hasta asumir algunas veces la vigilancia de 80 casos a la vez. «Actualmente, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género gestiona cerca de 100.000 víctimas activas, cuya protección y seguimiento policial recae en gran medida sobre los agentes destinados en estas unidades especializadas», cuentan desde el sindicato.
«Insistimos a las mujeres en que deben denunciar –apunta la penalista Paula Narbona–. Pero también les estamos dando el mensaje de que, con la sobrecarga de trabajo, no las vamos a poder proteger. No somos conscientes de que denunciar, para que no las protejan, lo único que va a conseguir es empeorar su situación».
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