Yoel O. y Cristian S., los hackers de 18 y 19 años de Arinaga que presuntamente filtraron y vendieron datos personales de —entre otros— el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían ver cómo su caso pasa a la jurisdicción de los Tribunales de Gran Canaria. El motivo: una rebaja de la magnitud del caso por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que rebaja las acusaciones iniciales de ciberterrorismo a un supuesto delito de descubrimiento y revelación de datos personales.
El caso, que aún investiga la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, está siendo tramitado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Según la información adelantada por ABC, la Fiscalía ha realizado la petición de que pase a un juzgado ordinario, ya que considera que el órgano judicial actual carece de competencias porque no se trata de un asunto de terrorismo.
Bajo los seudónimos de Pakito y Akkaspace –Cristian y Yoel, respectivamente– , fueron detenidos en julio en sus domicilios de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes, y trasladados a Madrid para comparecer ante la Audiencia Nacional. Los adolescentes pusieron en jaque durante casi dos semanas los sistemas de seguridad del Estado, tras la divulgación de los DNI, direcciones de domicilio, números de teléfono y correos electrónicos de dirigentes políticos.
Difusión en Telegram
Entre ellos estaban Pedro Sánchez; Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados; María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y Óscar Puente, ministro de Transportes. De igual manera, también comercializaban presuntamente con el acceso a bases de datos con información sensible.
Yoel, principal investigado de la causa, habría sido el autor de los ciberataques, mientras que Cristian sería el encargado de manejar los ingresos que recibían a través de criptomonedas. Además de la escena política, los canarios también pusieron el foco en los medios de comunicación y habrían robado datos de periodistas como Juanma Castaño —Cadena Cope— o Marc Giró —La Sexta—.
La defensa de Giró es precisamente la principal opositora a la petición realizada por la Fiscalía. Desde el Ministerio Público consideran que los hechos delictivos no tenían como objetivo «subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública». Tampoco han atacado bases de datos comprometidas como del CGPJ o del Gobierno.
La investigación se remonta a junio, después de que en un canal de Telegram difundiese —en varias tandas— datos personales de los dirigentes. «Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de los mismos», informó entonces la Policía Nacional. Además los jóvenes alardeaban de su capacidad para venderlos y lanzaban mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, con el «consiguiente peligro para la seguridad nacional». Ninguno de ellos tenía antecedentes vinculados a filtraciones o hackeos.
Varias filtraciones
La primera filtración se produjo desde un canal con más de 92.000 seguidores y fueron publicados por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario después.
La presunta estructura creada por los detenidos para las actividades delictivas incluía el cobro mediante el uso de criptomonedas, lo que facilita el anonimato y dificulta el rastro de los fondos obtenidos.
La información privada era la base de su negocio ya que, presuntamente, vendían los datos personales de los políticos a cambio de unos 200 euros en monedas virtuales.
«Además, valiéndose de la publicidad y trascendencia de las publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contienen informaciones sensibles», explican fuentes cercanas a la investigación, respecto al papel que entonces le adjudicaban a Yoel. Al segundo detenido, Cristian, lo señalan como encargado, presuntamente, de monetizar las actividades y responsable de la gestión del monedero virtual en el que recibían los pagos.
Akkaspace y Pakito, no se escondían. Al menos esos alias se atribuían sus operaciones. El informe del CGI sostiene que «los mismos perfiles que publicaban los datos reivindicaban su posesión». No contentos con esto, «alardeaban» de su capacidad para venderlos y «lanzaban mensajes amenazantes» de futuras publicaciones. La Policía tilda su actividad de «grave amenaza para la seguridad nacional». Ocho meses después de su arresto, la causa toma un giro y debe aclarar si se trató de un caso de terrorismo o, simplemente, de revelación de secretos.
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