La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no permitir a aquellos autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año excluir el IVA de sus facturas. «La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes y, por lo tanto, ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la solicitud de que se impongan sanciones económicas«, recoge un comunicado emitido este miércoles desde Bruselas.
El Gobierno tiene pendiente desde enero del año pasado transponer una directiva europea que le obliga a dar un régimen especial a los pequeños negocios a la hora de gestionar el IVA. Uno de los recursos que tenía Hacienda encima de la mesa era suprimir la obligación de franquiciar este impuesto, es decir, que aquel que emite la factura ni repercuta el IVA en el cliente ni luego tenga que pagarlo a Hacienda. Un trámite que genera esfuerzos burocráticos a los pequeños empresarios y posibles tensiones de tesorería.
En España, según los datos disponibles de la Agencia Tributaria, hay unos 2,5 millones de declarantes, entre autónomos y empresas, con facturaciones inferiores a esos 85.000 euros y organizaciones como ATA estiman que alrededor de medio millón de trabajadores por cuenta propia estarían interesados en dejar el IVA al margen de su actividad.
“Importante noticia para los autónomos españoles que se sienten discriminados ante los autónomos europeos», ha valorado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, cuya organización presentó denuncia este pasado diciembre ante instancias europeas. «Los autónomos podrían tener un ahorro de hasta 600 euros en costes, en burocracia, por el hecho del IVA franquiciado», ha añadido.
Reforma encallada
La transposición de la directiva europea obliga a España a dotar de un régimen especial a los pequeños negocios. Desde las instancias comunes se ha dado la referencia de los 85.000 euros de facturación anual, pero si los estados lo desean, pueden rebajar a una menor facturación ese umbral. Por ejemplo, Alemania, Finlandia, Suecia, Portugal, Grecia o Chipre han optado por cantidades sustancialmente inferiores.
Hacienda hace años que tiene pendiente reformar la fiscalidad del colectivo autónomo y, de hecho, ya exploró fórmulas con los agentes sociales para modificar el IVA franquiciado. Uno de los temores que tenían los gestores del erario público era que al modular ese umbral de los 85.000 euros y eximir a parte del colectivo de dicha obligación, ello podía «incentivar conductas fraudulentas». Ya que tener que pagar IVA permite un mayor control por parte de Hacienda y complica la economía sumergida.
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