La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado un decreto en el que designa a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, para unirse a la iniciativa de Álvaro García Ortiz y que también la Fiscalía pida amparo al Tribunal Constitucional contra la condena que se impuso a su antecesor por un delito de revelación de datos reservados.
La firma del decreto se produjo después de que el pasado 26 de febrero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazara el incidente de nulidad contra la condena –impuesta por revelar datos que perjudicaron a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– instado tanto por el Ministerio Público como por la Abogacía del Estado.
La decisión del alto tribunal abrió la vía a que el exfiscal general pudiera acudir ahora en amparo ante el tribunal de garantías y la Fiscalía se unirá a esta petición, según adelantó la propia Peramato en una entrevista concedida este lunes al canal 24 horas de TVE recogida por este diario. «El incidente de nulidad fue desestimado, y me planteó la teniente fiscal su intención de interponer un recurso de amparo», señaló Peramato, para añadir que lo que ella ha hecho es dictar el decreto designando a la teniente fiscal del tribunal supremo para la interposición de ese recurso.
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