El juicio contra el matrimonio acusado de mantener encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda en las afueras de Oviedo se celebrará a puerta cerrada los próximos 10 y 11 de marzo en la sección segunda de la Audiencia Provincial. La sala ha acordado excluir al público de la vista para proteger a los menores víctimas del caso, conocido como el de la “casa de los horrores”.
Según recoge un auto hecho público este jueves, el tribunal acepta la petición de la Fiscalía al considerar que la publicidad del juicio podría causar perjuicios “del todo desfavorables” a los tres niños, todos ellos menores de edad. El documento añade que la gravedad de los hechos justifica “la excepción legitimadora de suprimir en este caso concreto la garantía constitucional de que el juicio sea público”.
El matrimonio ingresó en prisión dos días después de su detención, el 28 de abril del pasado año, tras una denuncia vecinal que alertó de la extraña situación en la vivienda familiar. Los acusados —un hombre alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense— se enfrentan a penas individuales que suman 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal.
Encerrados casi cuatro años
Según sostiene la Fiscalía, los padres mantuvieron encerrados a sus tres hijos —dos gemelos de ocho años y otro niño de diez— entre diciembre de 2021 y abril de 2025, movidos por un miedo infundado a que pudieran contagiarse de alguna enfermedad.
Durante ese tiempo, de acuerdo con el escrito de acusación, los progenitores incumplieron sus deberes de protección y privaron a los menores de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales. Los niños permanecieron aislados en el interior de la vivienda y sin contacto con otras personas, ni siquiera por medios de comunicación.
Los pequeños no conocían a familiares ni a otras personas que no fueran sus propios padres y tampoco salían al exterior, ni siquiera al jardín de la casa. La Fiscalía sostiene que los acusados les inculcaron el temor a contagiarse de cualquier enfermedad si abandonaban la vivienda.
Sin escolarización ni seguimiento médico
Los menores nunca fueron escolarizados en España. Cuando fueron rescatados, los gemelos no sabían leer ni escribir. Tampoco contaban con seguimiento sanitario: la última visita al médico se remontaba a 2019, antes de trasladarse a Asturias. Según el ministerio público, eran los propios padres quienes diagnosticaban y trataban los problemas de salud de los niños, para lo que utilizaban medicamentos adquiridos sin receta que fueron hallados en la vivienda.
Los menores presentaban además diversas consecuencias físicas derivadas de las condiciones en las que vivían. Tenían problemas de control de esfínteres por el uso prolongado de pañales, caminaban encorvados y con las piernas arqueadas, mostraban dificultades para subir y bajar escaleras y sufrían irritaciones en la piel. La casa, según la investigación, se encontraba en malas condiciones de higiene, con grandes cantidades de basura y suciedad acumulada.
Como consecuencia de estos hechos, la Fiscalía sostiene que los niños padecen distocia social, lo que implicará un retraso en su incorporación a las relaciones sociales propias de su edad.
Petición de penas y medidas
El ministerio público acusa a ambos progenitores de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de tres delitos de detención ilegal con el agravante de parentesco. Por el primero de los delitos solicita dos años y cuatro meses de prisión, la pérdida de la patria potestad y la prohibición de acercarse a los menores durante tres años y cuatro meses.
Además, por cada delito de detención ilegal en concurso con abandono de familia reclama siete años y ocho meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y una prohibición de aproximación y comunicación con los niños durante ocho años y seis meses, con suspensión de cualquier régimen de visitas.
La Fiscalía solicita también que los acusados indemnicen a cada uno de los menores con 15.000 euros por los daños morales sufridos.
Tras la detención de los padres, los niños quedaron bajo tutela del sistema de protección del Principado. Sus abuelos maternos, de nacionalidad estadounidense, llegaron a visitarlos en el centro donde se encuentran acogidos, y el Gobierno asturiano estudió inicialmente que pudieran hacerse cargo de ellos, una posibilidad que finalmente no se materializó.
Suscríbete para seguir leyendo
