La gestión de Jesús Lobera al frente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) está en entredicho tras las averiguaciones de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). Y es que los investigadores sitúan a Lobera como la «figura central» para facilitar la expansión de Forestalia a través de la «presión» a los funcionarios del organismo autonómico. De esta forma, según ha podido saber ahora El Periódico de Aragón, la Guardia Civil expone una «relación preferencial» del Inaga sobre Forestalia por las reuniones «habituales» y «casi semanales» que mantenían su exdirector y diversos responsables del gigante aragonés de las energías renovables, entre ellos, su propietario: Fernando Samper Rivas.
En el atestado que la Guardia Civil entregó la semana pasada al juez instructor se hace constar un apartado bajo el epígrafe de «relación preferencial con Grupo Forestalia». En él se alude a testimonios que describen «una relación que excede los cauces formales», «donde las decisiones públicas podrían estar influenciadas por intereses comerciales» de acuerdo a los testimonios recabados por los investigadores, unas manifestaciones que también se acompañan en uno de los cuatro anexos remitidos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel.
Tanto es así que una persona de máxima confianza de Fernando Samper confirmó a los investigadores estos mismos encuentros, de los que también formaba parte su director de Transición y Medio Ambiente, Carlos Ontañón, otro excargo del Partido Aragonés (PAR) que además fue el primer director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental entre 2003 y 2012 de la mano del por entonces consejero Alfredo Boné. Es, precisamente, una de las tácticas de «presión» y «control» que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente enumera a la hora de analizar las conexiones del Inaga y de Forestalia. «Los testimonios sugieren un patrón sistemático de influencia diseñado para alinear las resoluciones técnicas del Inaga con los intereses de la dirección y de promotores específicos (Grupo Forestalia)», detalla.
«Tratar directamente un expediente»
Sobre esta «relación preferencial» también se relata un episodio de una funcionaria del Inaga con la secretaria de Jesús Lobera, quien le convocó a una reunión indicando que era «con los de Forestalia» para «tratar directamente un expediente» que tramitaba el Inaga. «Este nivel de acceso privilegiado es un claro indicador de una relación anómala», sostienen los investigadores sobre los tejemanejes del organismo autónomico y de Forestalia, unos movimientos que se detallan en el atestado instriuido por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal contra Fernando Samper y otras cinco personas detenidas el 3 de marzo por una presunta trama de irregularidades y ‘mordidas’ en la tramitación de proyectos de renovables como el Clúster del Maestrazgo.
Es un organismo autonómico que dirigió Lobera entre 2016 y 2023, «un puesto político» vinculado al PSOE al que accedió en sustitución de Marta Puente tras abandonar la dirección del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la provincia de Huesca. En sus inicios ejerció su trabajo con «normalidad», pero el boom de las energías renovables con una llegada masiva de proyectos, especialmente de la mano de Forestalia, desveló comportamientos extraños según se desprende de las diligencias del atestado. «Los testimonios describen una nueva actitud proactiva por parte de Jesús Lobera para que estos expedientes obtuvieran una resolución favorable. Las presiones ejercidas llegaron a un punto en que, según declara X, durante esa época él solo llegó a firmar tres informes desfavorables», expone la diligencia de este mismo atestado.
