La Audiencia de Alicante ha condenado a un año de prisión a la cuidadora de un matrimonio de ancianos por apropiarse de 190.991,68 euros del plan de pensiones de la pareja, según el fallo al que ha tenido acceso este diario.
La sentencia la considera a la procesada responsable de un delito de apropiación indebida, después de que ella misma asumiese los hechos, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular, ejercida por la hija del matrimonio perjudicado. Los hechos ocurrieron a partir de octubre de 2019. La resolución judicial detalla que la acusada comenzó a trabajar como asistenta del matrimonio en Benissa desde 2018 y que siguió desempeñando esa tarea de cuidadora hasta marzo de 2020.
El fallo señala que, el 16 de enero de 2020, la procesada aprovechó el estado de salud en el que se encontraba el matrimonio, dada su avanzada edad, para acudir a la oficina de la entidad bancaria en la que la pareja disponía de la cuenta con el plan de pensiones y logró que le facultasen para acceder a ella mediante el uso de su tarjeta de crédito. A partir de ahí, según la sentencia, empezó a realizar extracciones de diversas cantidades dinero «indebidamente y sin el consentimiento del matrimonio», hasta agotar todos los fondos en distintas operaciones que se prolongaron hasta el 22 de noviembre de 2021.
Conformidad
Ahora, tras el reconocimiento de los hechos, el tribunal le impone la pena de un año de privación de libertad, sobre la que concede la suspensión por un periodo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir. Además, añade la pena de multa de seis meses con cuota diaria de 6 euros, lo que suma un total de 1.808 euros.
También establece que la procesada deberá compensar a la hija del matrimonio con los 190.991,68 euros de la cantidad sustraída en concepto de responsabilidad civil. El marido falleció y su esposa está en una residencia con una demencia grave.
La sentencia concreta que esa indemnización deberá abonarse en metálico o mediante la transmisión en dación de pago de una vivienda propiedad de la condenada, situada en la localidad de Benissa. La mujer no tendrá que ingresar en prisión, aunque este extremo está condicionado a que se pague el dinero de la indemnización en los próximos tres meses. La resolución judicial es firme, por lo que no cabe la posibilidad de recurso.
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