Adif replica a la juez que investiga el accidente de tren ocurrido el pasado enero en Adamuz (Córdoba).
La empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias ha solicitado a la magistrada que aclare qué tareas de mantenimiento sobre la vía tiene vetado realizar.
También exige a la instructora que precise, con más detalle, sobre qué tramo concreto se aplica dicha prohibición.
Como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, el pasado miércoles, la juez Cristina Pastor reprendió a Adif por avisarla con tan sólo dos días de antelación de que iba a acometer obras a un kilómetro del lugar del siniestro.
Aunque autorizó dichas labores, la instructora ordenó a la empresa pública que, desde ahora, solicite dichos permisos con, al menos, 15 días de plazo.
Por ello, Pastor exigió a la compañía estatal que, en lo sucesivo, se abstuviera de realizar «tareas de mantenimiento y otras actuaciones que afecten a la línea» sin haberla avisado con dos semanas de antelación.
En respuesta, en un escrito firmado por el abogado de Adif, la empresa reprocha la decisión de la juez «presenta una formulación imprecisa que dificulta o imposibilita su adecuado cumplimiento».
El letrado de la empresa pública solicita que Pastor «aclare y, en su caso, complemente» su orden, «a fin de determinar con exactitud el alcance de las obligaciones allí establecidas y garantizar su correcta ejecución».
En su resolución, la juez aludió al «tramo Adamuz» como la zona sobre la que se aplicaba su prohibición. Ahora, el abogado de Adif señala que, «en el ámbito de la explotación ferroviaria, la identificación de un tramo requiere una determinación técnica precisa, mediante puntos kilométricos o referencias operativas».
El pasado 18 de enero, el accidente de tren se produjo entre los puntos kilométricos 317,585 y 318,785 de la Línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla.
La colisión entre el Iryo descarrilado y el Alvia, en el 318,2-318,3. Y, por ejemplo, Adif ejecutó las mencionadas tareas de mantenimiento en el 317,264 de la vía 2 (sentido hacia la capital), obras de las que avisó al Juzgado con sólo dos días de antelación y que les costaron la reprimenda.
Por eso, ahora, la empresa pública considera «necesario» que la juez «aclare» su orden «precisando», de ser así, «que el Tramo Adamuz se circunscribe al ámbito de las instalaciones directamente afectadas por el accidente objeto de la presente causa».
«Esto es, el tramo físicamente comprendido entre los puntos kilométricos 317,585 y 318,785 de la línea 010 en ambas vías, sobre el que se han venido realizando las actuaciones técnicas necesarias para la restitución del servicio ferroviario«, advierte Adif.
«La aclaración de este extremo resulta necesaria a fin de evitar interpretaciones divergentes sobre el ámbito territorial de aplicación [de la orden de la juez]», señala el letrado de la compañía estatal.
«Razones de seguridad»
Asimismo, en su escrito, al que tuvo acceso este periódico, Adif se queja de que los términos tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria tampoco son lo suficientemente concretos.
«En el ámbito de la explotación de líneas de Alta Velocidad, el término mantenimiento engloba una pluralidad muy amplia de actuaciones; muchas de ellas, imprescindibles para garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria», reprocha el abogado de la empresa.
A rengón seguido, detalla que «determinadas actuaciones, por su naturaleza, no implican modificación ni intervención material sobre las instalaciones».
Por ejemplo, la vigilancia a pie de las infraestructuras, las revisiones de las mismas o las auscultaciones de la vía, efectuadas tanto de forma manual como mediante un tren auscultador.
Por otro lado, otras tareas «deben realizarse de manera inmediata por razones de seguridad«, tal y como advierte Adif.
¿Cuáles? La reparación de averías urgentes y la detección de defectos, «así como aquellas que deban realizarse ante situaciones de emergencia o de riesgo para la circulación».
«Resulta necesario precisar si quedan excluidas del ámbito de la prohibición acordada», señala el letrado de la empresa pública.
Así las cosas, «para evitar equívocos y garantizar una correcta prestación de los servicios de mantenimiento», Adif solicita que la juez aclare su orden y precise qué tareas de mantenimiento quedan afectadas por la misma y en qué área concreta.
