La ‘Operación Perserte’ tiene su germen en la provincia de Teruel por iniciarse allí una investigación por posibles irregularidades en el impulso de parques eólicos como el clúster del Maestrazgo. Pero la magnitud de los delitos que se investigan a raíz de una denuncia que interpuso el movimiento ciudadano de Teruel Existe han llevado al juez instructor a considerar que su juzgado «carece de competencia territorial» por llevarle las pesquisas más allá de la provincia turolense, hasta las sedes de órganos administrativos como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) o el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) por un delito de prevaricación, otro de cohecho «íntiimamente vinculado» y otro de blanqueo de capitales que «no se realiza» en la provincia turolense.
Tanto es así que este mismo jueves, una vez que se levantó el secreto de sumario de las actuaciones, el juez Juan José Cortés trasladó a las partes una providencia en la que les instaba a informar sobre «la eventual inhibición de la causa» y sobre qué Juzgado «correspondería» en el caso de que las diligencias pasen a instruirse en otro partido judicial. Porque el desarrollo de la investigación ha ‘sobrepasado’ los límites de la provincia de Teruel y de su partido judicial, donde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 está al mando de la operación desde mediados de 2024.
En esta misma providencia defiende el magistrado la adopción de medidas hasta que se resuelva esta cuestión, sobre la que deberán informar las partes en un plazo de diez días desde este miércoles día 4 de marzo. «Lo que procede es lo que se ha hecho: acordar las medidas judiciales solicitadas si se entiende que cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales y, posteriormente, plantear la inhibición», sostiene el juez Juan José Cortés en alusión al secreto de sumario que decretó para garantizar los doce registros que autorizó esta semana en Zaragoza (2) y en Madrid (10), donde la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) irrumpió para registrar la sede de Forestalia en Coso (33) y el domicilio de su propietario, Fernando Samper Rivas, en la avenida de la Academia General Militar (82-84).
Porque tanto el Inaga como el Miteco están en el punto de mira por la tramitación y adjudicación de proyectos eólicos en la provincia turolense. En el caso del organismo autonómico, de hecho, la Guardia Civil expone que su exdirector, Jesús Lobera, fue la «pieza central» en la «presión» para facilitar la expansión de Forestalia en la comunidad aragonesa. Y en el caso el de Miteco, su exsubdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Jesús Domínguez, habría cobrado mordidas de más de cinco millones de euros por favorecer la aprobación de expedientes al gigante aragonés de las energías renovables.
