Durante años, la política española se explicó con esta frase tan cínica como precisa: “Antes Soria que Siria”. Es decir, lo que ocurre dentro de España siempre pesa más que lo que ocurre fuera del país. Las guerras lejanas podían conmover durante unos días, pero rara vez alteraban de verdad el pulso de la política doméstica.
Sin embargo, esa vieja regla podría estar cambiando. La guerra de Irán ha abierto un choque político entre La Moncloa y la Casa Blanca que trasciende la política internacional y se adentra de lleno en la política española. Porque cuando el adversario exterior es el presidente de Estados Unidos —y además alguien tan impopular entre los votantes progresistas— la frontera entre política exterior y cálculo electoral empieza a difuminarse.
Hace veintitrés años la consigna “No a la guerra” significaba, en gran medida, el rechazo al Gobierno español que decidió participar en la intervención de Irak. Hoy, cuando vuelve a colocarse en el centro del discurso político, el antagonista es Washington que impulsa la ofensiva contra Irán.
La declaración institucional realizada desde La Moncloa —sin periodistas ni preguntas— fue cuidadosamente medida para subrayar esa posición. El Gobierno sostiene que España no está subordinada a Estados Unidos y que, como socio fiable de la OTAN y de la Unión Europea, tiene derecho a mantener una posición propia.
En un asunto de esta naturaleza, que afecta a compromisos internacionales y a decisiones estratégicas de primer orden, esa posición habría ganado solidez con un debate previo en las Cortes. Sin ese paso institucional, las palabras del Ejecutivo reflejan la opinión de un Gobierno más que la postura formal del país.
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El problema comienza cuando el eslogan sustituye al análisis. Porque el debate real no es si la guerra es mala —eso lo sabe cualquiera— sino qué hacer cuando la realidad estratégica se impone con toda su crudeza. Irán no es un actor cualquiera en el tablero internacional. Es una teocracia cuyo discurso incluye la desaparición del Estado de Israel y cuya posible adquisición de armas nucleares alteraría el equilibrio de poder en Oriente Próximo.
Tampoco puede ignorarse que muchas guerras contemporáneas han comenzado sin objetivos claros y con consecuencias imprevisibles. Iniciar una guerra sin una estrategia definida suele conducir a resultados desastrosos.
Entre esas dos realidades —la amenaza estratégica de Irán y la experiencia amarga de intervenciones fallidas— se sitúa el dilema de las democracias occidentales.
España no está al margen de esa disyuntiva. Es miembro de la OTAN, forma parte de la Unión Europea y mantiene bases militares de uso conjunto con Estados Unidos en Rota y Morón. La negativa del Gobierno a permitir su utilización en la operación militar marca un punto de fricción evidente con Washington.
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Aquí aparece el segundo nivel del problema: el político. En la ciencia política existe un concepto conocido como rally round the flag, o “efecto bandera”. Cuando un líder se enfrenta a un adversario externo, una parte de la sociedad tiende a cerrar filas en torno a él. En países donde el actual inquilino del Despacho Oval despierta una fuerte animadversión —como ocurre en España— ese efecto puede ser especialmente intenso.
Es posible que desde La Moncloa se considere que el viejo principio de “Antes Soria que Siria” ya no es tan seguro. El enfrentamiento con Washington puede convertirse en una oportunidad política de primer orden: cohesiona a su electorado y moviliza sectores hoy desmovilizados.
Dependiendo de cómo evolucione la crisis, incluso podría convertirse en ese mirlo blanco que permitiera pulsar el botón electoral en un momento propicio. La política conoce bien ese mecanismo: el adversario exterior refuerza al líder interior.
Pero ese cálculo tiene una condición. Si el conflicto termina teniendo consecuencias reales sobre la economía o la seguridad de España, el panorama cambiará rápidamente. Porque en política internacional las decisiones nunca son gratuitas.
Estados Unidos sigue siendo el principal inversor extranjero en España. Una escalada política podría traducirse en restricciones tecnológicas, presión comercial o dificultades para empresas españolas con contratos públicos o proyectos de defensa allí.
Tampoco conviene olvidar otro factor incómodo: la dependencia energética. En los últimos años, el gas natural procedente de Estados Unidos ha adquirido un peso creciente en el abastecimiento energético español. En un contexto de tensiones geopolíticas, ese tipo de dependencias adquiere una dimensión que trasciende los discursos políticos.
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A ello se añade la dimensión europea del problema. España no solo mantiene una relación bilateral con Washington, sino que forma parte de un entramado de alianzas dentro de la Unión Europea y de la OTAN. Desmarcarse de posiciones adoptadas por socios como Francia, Alemania o el Reino Unido exige algo más que una declaración política: requiere una estrategia diplomática clara y una explicación convincente de cuál es la alternativa.
Porque disentir es legítimo. Pero hacerlo sin proyecto puede terminar siendo simplemente aislamiento.
Todo esto no significa que la guerra sea una opción deseable. La guerra como forma de resolver conflictos es siempre una tragedia. Pero precisamente por eso las decisiones en política internacional no pueden reducirse a consignas.
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El viejo “No a la guerra” fue un grito moral frente a una intervención concreta. Pero el mundo actual se parece cada vez menos al de los eslóganes.
Entre una teocracia que aspira al arma nuclear y una Administración estadounidense imprevisible, la política exterior exige cálculo, alianzas y una diplomacia capaz de defender los intereses de un país sin convertir cada crisis internacional en un episodio de la política doméstica a afectar al bolsillo, al empleo o a la seguridad.
Porque cuando la geopolítica empieza a afectar al bolsillo, al empleo o a la seguridad, los países vuelven siempre a la misma regla: antes Soria que Siria. Y entonces la política exterior deja de ser un eslogan.
