La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, afronta este viernes el segundo intento para ser investida jefa del Ejecutivo regional con el «no» de Vox encima de la mesa, según fuentes del PP.
La incógnita de si Guardiola obtendrá el apoyo o la abstención de Vox, sólo 48 horas después de que esta formación política votará en contra, pierde fuerza después de que fuentes del PP desvelaran que Vox ya les ha comunicado que no apoyarán la investidura de la candidata del PP. Aunque «la comunicación» de Vox tuvo lugar a primera hora del día y, además, «no dejó lugar a ninguna otra posibilidad», han explicado las fuentes del PP, este rechazo ha trascendido a última hora de este jueves.
La horquilla de la mayoría simple para ser investida se mueve entre el apoyo de Vox, que quedaría descartado a tenor de lo difundido por el PP, y la abstención, pero su líder en Extremadura, Óscar Fernández Calle, viene reiterando desde hace semanas que su partido únicamente votará a favor o en contra.
De ratificar Vox su rechazo a la investidura de Guardiola en el pleno de este viernes, la presidenta en funciones sumaría el segundo «no» de la formación de Santiago Abascal cuando, a tenor lo expresado por la propia candidata del PP hace menos de dos días, el acuerdo estaba «más cerca que nunca». De hecho, Guardiola ya adelantó que «muchas» de las propuestas elevadas por Vox ya están acordadas» y aseguró que no veía impedimentos para el acuerdo, salvo que no habría «cheques en blanco» y que cualquier acuerdo de Gobierno debería contemplar el proyecto de presupuestos de esta comunidad para 2026.
Vox ha incidido esta semana que para apoyar a Guardiola debía existir previamente un acuerdo de Gobierno y garantías de cumplimiento del mismo.
La defensa de la continuidad de la central de Almaraz, la protección del sector primario frente a «las imposiciones» del Pacto Verde Europeo y «una profunda» rebaja fiscal son algunas de las exigencias de Vox. También medidas de apoyo a la natalidad y a las familias, la prioridad para los españoles en ayudas sociales y vivienda, y la eliminación de subvenciones a entidades ideológicas y ONG vinculadas a «la promoción de la inmigración ilegal», entre otras cuestiones.
