El problema de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los andaluces, junto a la sanidad y el desempleo. Y no es para menos. Hoy por hoy, es prácticamente imposible acceder al mercado inmobiliario. Además, Andalucía es una de las comunidades autónomas donde el precio por metro cuadrado más se ha encarecido en términos generales. Así, se sitúa como la cuarta comunidad autónoma en este ránking, con un incremento interanual de un 15,2% respecto al año anterior y con 1.629 euros el metro cuadrado, de media, según los portales de vivienda. Unas condiciones que, junto a la precariedad existente en nuestra comunidad, en términos laborales y salariales, convierten el problema de la vivienda en uno de los principales puntos de acción de las administraciones públicas.
En ese contexto, la Diputación de Sevilla se ha convertido en una referencia para el resto de organismos homólogos. Asi, la institución que dirige Javier Fernández ha lanzado un ambicioso plan, tanto local como provincial, para que Sevilla se convierta en los próximos años en una provincia -y ciudad- que dispone de capacidad seria y formal para afrontar este problema. Frente a dos administraciones públicas como Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía, cuyas políticas de vivienda están encaminadas al enriqueccimiento a costa del acceso a la vivienda, con VPOs que cuestan 300.000 euros o que pueden salir al mercado libre en siete años, o restringiendo el acceso a las mismas a personas con pocos recursos, la Diputación de Sevilla es un ejemplo de que la voluntad política puede poner solución a uno de los principales problemas que atraviesa no solo Sevilla, sino Andalucía y España.
La hoja de ruta de la institución provincial busca devolver la esperanza a los ciudadanos y demostrar que la política puede ser útil, asentándose sobre cuatro ideas clave que confrontan directamente con las normativas autonómicas y locales actuales.
La vivienda como primera necesidad
La premisa de la que parte la Diputación es clara, contundente y hasta filosófica: «La vivienda no es un bien de lujo ni un activo financiero, es un bien de primera necesidad», tal y como lo ha expresado su presidente, Javier Fernández. Desde esta perspectiva, la administración pública no puede dejar el problema exclusivamente en manos de las fluctuaciones del libre mercado. Fernández utiliza un paralelismo bastante clarividente para explicarlo: «Igual que nadie pone en duda que los presupuestos del Estado, de la comunidad autónoma o de un ayuntamiento financien un colegio, financien un centro de salud o un polideportivo, hay que entender que para hacer política pública de vivienda hay que meter dinero público».
Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla
Frente a modelos que se limitan a ceder suelo a la iniciativa privada o a facilitar la venta libre de viviednas construidas sobre suelo público, la Diputación defiende intervenir directamente y poner el tema en la agenda de todos los alcaldes y alcaldesas. El mercado automovilístico, argumenta el presidente con una ilustrativa metáfora, funciona para quienes tienen recursos económicos, ofreciéndoles «vehículos de alta gama». Sin embargo, el mercado inmobiliario actual carece de un equivalente al «vehículo de kilómetro cero o de segunda mano» a un precio razonable para quienes tienen menos ingresos. Como el mercado no lo provee de forma natural, ahí es donde debe entrar la política pública con sus presupuestos para abaratar los costes.
Cortijo de Cuarto
El mayor símbolo en la ciudad de Sevilla de esta política intervencionista es el proyecto del Cortijo de Cuarto, próximamente Barrio de Quarto, situado junto al barrio sevillano de Bellavista. Se trata de una inmensa bolsa de suelo 100% público. Al asumir la presidencia de la Diputación, Fernández reconoce que sobre la mesa de su equipo había tres opciones: «No hacer nada y dejar pasar el tiempo, vender el suelo a una gran promotora privada -perdiendo así para siempre la capacidad de intervenir en los precios-, o tomar las riendas y actuar.
La Diputación optó por esta última vía con un propósito social muy claro: crear el «gran barrio joven de la ciudad» y permitir que los vecinos puedan quedarse a vivir donde han nacido. Este proyecto garantizará que «entre un 50% y un 60% sea vivienda protegida». El objetivo final es extirpar de raíz cualquier «fenómeno especulativo» de esos terrenos y convertir la zona en un gran escaparate que demuestre que, desde lo público, se puede hacer «urbanismo de calidad a un precio razonable». Los plazos de la administración marcan el 2026 para desatascar todos los farragosos trámites burocráticos y el 2027 para el esperado inicio de las obras.
De este modo, en este enclave se construirán hasta 6.000 viviendas, con sus respectivas zonas verdes, zonas protegidas, etcétera, convirtiéndose en uno de los futuros barrios más importantes de Sevilla. Al menos, ese es el objetivo de la Diputación y de Fernández. Además, dentro del plan de la Diputación, de estas viviendas, al menos el 50% será vivienda pública. Es decir, con precios asequibles y con el compromiso de que lo que se hace con dinero público pertenece a lo público. Unas viviendas que no podrán salir al mercado libre en, al menos, tres décadas y que además, la intención de la institución es abaratar el acceso a los ciudadanos que pretendan vivir en ellas.
Viviendas de 115.000 euros e hipotecas de 300 euros
Para llevar esta misma filosofía al resto de la provincia, la Diputación ha puesto en marcha, dentro del Plan Sevilla 2030 una ambiciosa convocatoria de 70 millones de euros dirigida a todos los ayuntamientos de la provincia. Este plan está articulado con un objetivo muy concreto, impactar directamente en el bolsillo de las personas que pretendan acceder a una vivienda protegida.
Los ayuntamientos que así lo deseen, podrán acceder a esta partida presupuestaria para constuir vivienda pública y accesible para sus vecinos y vecinas. Para ello, existen dos modalidades, la de venta y la de alquiler. Para la primera de ellas, la Diputación otorgará una subvención directa de 50.000 euros a fondo perdido por cada vivienda que se construya. Esta potente inyección económica permite topar el precio final de venta. «Que al chaval, a la joven, a la pareja, no les salga más de 115.000 euros la vivienda de 70 metros con su garaje y trastero», explica Fernández, definiéndola como una «vivienda más que razonable». El resultado práctico de esta medida son hipotecas que no superan los 300 euros mensuales.
En el caso de que la opción elegida sea el alquiler, la institución provincial asume el 50% del coste total de la construcción para garantizar que las rentas queden limitadas a un máximo de 350 euros al mes. Es, en definitiva, intervenir en el mercado con financiación pública directa para desplomar el precio que finalmente asume el ciudadano.
¿Qué es una VPO?
Fernández advierte de que todo debate sobre qué es o debe ser una VPO puesto en marcha por las administraciones ya parte de una premisa falsa. Es decir, una VPO «es lo que es, una vivienda de protección oficial. Lo que no pueden es vendernos que una vivienda de 300.000 euros se le puede llamar VPO, porque eso no es una VPO«. El presidente reflexiona sobre que es igualmente consciente del encarecimiento real del precio de los materiales de construcción, y de todo lo que conlleva la construcción de una vivienda, así como de la especulación que sufre el suelo, pero insiste en que una vivienda protegida, por pura definición, debe servir para que la persona que acceda «no tenga por qué hipotecar su vida y su cartera para siempre».
Y aquí es donde se evidencia ese «choque de modelos», con un punto más que importante en esa normativa que permite la descalificación de las viviendas protegidas. Los modelos impulsados por Junta y Ayuntamiento de Sevilla, ambas del PP, permiten que, tras haber recibido cuantiosas ayudas públicas para facilitar su construcción, la vivienda pierda su grado de protección a los 7 años, pudiendo desde ese momento venderse al precio especulativo que marque el libre mercado.
«A mí es que eso me parece hasta un fraude«, sentencia Javier Fernández con rotundidad. La postura de la Diputación de Sevilla es absolutamente innegociable en este aspecto: «Si al final hemos metido dinero público en unas condiciones, con ese dinero público no se puede especular. La clasificación de protegida hay que mantenerla siempre en el tiempo».
En conclusión, el intenso debate actual sobre la vivienda en la provincia escenifica dos caminos políticos antagónicos. Por un lado, un modelo que confía en flexibilizar normativas y crear productos «a la carta» para atraer a los promotores privados, asumiendo precios finales elevados y una protección temporal que acaba caducando (modelo del PP en Andalucía). Por otro lado, un modelo que apuesta por la inyección directa de presupuesto público para forzar una bajada drástica y real de los precios, exigiendo a cambio un contrato social inquebrantable: que esa vivienda construida con el esfuerzo de todos jamás pase a formar parte de la rueda de especulación del libre mercado.
