Tras lograr que en Benidorm se creara una nueva plaza de magistrado para la sección de Violencia sobre la Mujer (el equivalente a un juzgado antes de la reforma de la Justicia), el personal del Palacio de Justicia se ha encontrado con que esa plaza no contará con su correspondiente Letrado de la Administración de Justicia (LAJ).
Algo más de dos meses después de su puesta en marcha, el Ministerio de Justicia ha confirmado que no prevé incrementar el número de LAJ en las secciones de violencia de género, pese al aumento de competencias y plazas judiciales. Según el Ejecutivo, la carga de trabajo puede redistribuirse internamente.
La decisión ha generado malestar en el ámbito judicial, ya que obliga a los letrados existentes a compatibilizar sus funciones habituales en los juzgados de instrucción con las de la nueva plaza, incluyendo la tramitación de detenidos, comparecencias, órdenes de protección y documentación de actuaciones.
Fuentes judiciales de Benidorm explican que la misma persona que antes servía a un juez ahora debe atender a dos magistrados con sus respectivos equipos de funcionarios, lo que aumenta la carga de trabajo y pone en riesgo la agilidad y eficacia de los procedimientos. “Se nos pide compatibilizar semanas de guardia con la gestión de casos de violencia sobre la mujer y el resto de procedimientos ordinarios. La situación es insostenible y podría tener consecuencias graves si ocurre algún incidente”, advierten.
Agravio comparativo
El agravio comparativo es evidente: para la nueva plaza sí se nombró a un magistrado y se asignaron funcionarios, pero no se designó un LAJ, figura clave para garantizar la tramitación efectiva de los procedimientos y la protección de las víctimas. Desde el colectivo de Letrados se señala que esta situación no afecta solo a Benidorm, sino a otros partidos judiciales de España donde las nuevas plazas tampoco contarán con su correspondiente secretario.
Las fuentes explican que se trata de un nuevo modelo organizativo, en el que los tribunales ya no funcionan como compartimentos estancos con funcionarios y LAJ asignados, sino como órganos colegiados con grandes servicios comunes. En este contexto, será habitual que un LAJ trabaje con varios jueces, lo que supone una sobrecarga para los profesionales.
La falta de LAJ en la nueva plaza de Benidorm contrasta con el anuncio de la creación de 500 plazas judiciales en 2026, la mayor ampliación en un solo año dentro del nuevo modelo. Este modelo permite crear plazas judiciales con un coste menor, pero, según asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, no tendrá eficacia plena si no se refuerzan también los equipos técnicos.
Desde el ámbito jurídico se insiste en que reforzar únicamente la figura del juez, sin garantizar soporte técnico y procesal, puede comprometer la protección efectiva de las víctimas, la seguridad jurídica y la agilidad de los procedimientos. En este contexto, la redistribución de la carga de trabajo entre los LAJ existentes es percibida como una forma de amortizar plazas y sobrecargar al personal que ya presta servicio.
Suscríbete para seguir leyendo
