La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha respaldado el proceso de desalojo de las 206 personas que residen en la antigua prisión de Palma y ha reclamado una actuación decidida de la Delegación del Gobierno para abordar la situación.
Diversos colectivos y organizaciones sociales de Mallorca reclamaron ayer la paralización del desalojo y exigieron una alternativa habitacional «real» antes de ejecutar la medida. Por su lado, el Ejecutivo autonómico asegura que el edificio se ha convertido en los últimos años en un espacio ocupado en el que conviven más de dos centenares de personas en condiciones que han generado preocupación tanto por la seguridad como por la salubridad.
En el pleno del Parlament, Fernández ha apoyado la iniciativa impulsada por el Ajuntament de Palma para proceder al desalojo del inmueble y ha defendido que se ha actuado ante una realidad que se ha prolongado en el tiempo sin una solución estructural: «¿A usted le parece que eso es vivir con dignidad? A nosotros no. Nada de esto es digno y no vamos a mirar hacia otro lado, estaremos al lado del ayuntamiento para solucionar esta situación».
En este sentido, ha subrayado que el Govern ha seguido de cerca la evolución del caso y ha insistido en que la situación no puede abordarse únicamente desde el ámbito autonómico. Por ello, ha instado a la Delegación del Gobierno a implicarse de manera activa. A su juicio, la magnitud del problema exige coordinación entre administraciones y una respuesta conjunta que combine medidas sociales con actuaciones en materia de seguridad y extranjería, en los casos en que corresponda. Fernández ha defendido que se ha priorizado la atención a las personas vulnerables y que los servicios sociales han evaluado cada situación para ofrecer alternativas cuando ha sido posible.
La consellera ha remarcado que el desalojo no puede interpretarse únicamente como una medida coercitiva, sino como parte de un proceso más amplio para evitar asentamientos irregulares en inmuebles que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad. Fernández ha sostenido que se ha trabajado para evitar situaciones de desamparo y que se han coordinado recursos con el Ayuntamiento, aunque ha reiterado que la implicación del Estado resulta imprescindible en un contexto en el que confluyen factores sociales, migratorios y de orden público.
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