El escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus ha dirigido todas las miradas hacia el proceso de adjudicación de los inmuebles. Desde la oposición de izquierdas se ha señalado al gobierno autonómico de Juanfran Pérez Llorca por haber mantenido el decreto aprobado por el Consell de Mazón en diciembre de 2024. Una normativa que derogaba algunas de las exigencias instauradas por el Botanic en el 2021 y 2023, mientras aumentaba el tope de renta para poder acceder a una de estas promociones. Sin embargo, desde la actual dirección de la Conselleria de Vivienda, en manos de la vicepresidenta Susana Camarero, se ha remarcado en repetidas ocasiones que, para el caso de Les Naus, se aplicó la normativa del gobierno autonómico de Ximo Puig.
El contrato para la compra de la parcela municipal sobre la que se ha construido la urbanización se adjudicó a la Cooperativa Les Naus en el año 2022. A partir de ese momento, la empresa disponía de 13 meses para concluir los trabajos. Pese a que la licitación contemplaba una duración de hasta un año y medio, la sociedad propuso una rebaja en los plazos con la que consiguió puntos «extra» en el concurso, convirtiéndose en la primera clasificada. En toda esa tramitación, la normativa aplicable fue la del Decreto 106/2021, del Botanic.
Ya en febrero de 2025, solo dos meses después de aprobarse la modificación normativa del Consell de Mazón, el Ayuntamiento aprobó una extensión del plazo hasta un total de 22 meses. Entre los motivos de la cooperativa, que el nuevo decreto sobre vivienda protegida obligaba a destinar una mayor superficie a zonas verdes, lo que requería el rediseño del proyecto y la reducción del tamaño de la piscina comunitaria.
Esta justificación parecía indicar que la intención de la gestora era acogerse al recién publicado decreto del Consell de Mazón, que elevaba el precio máximo por metro cuadrado de 2.200 a 2.400 euros. Sin embargo, fuentes de la empresa Fraorgi aseguraron a INFORMACIÓN tras destapar el escándalo que se habían mantenido los precios de la regulación del Botanic. Esta misma semana, la vicepresidenta Susana Camarero también ha defendido la misma tesis: «Conviene recordar que la promoción de Les Naus se gestionó, calificó y adjudicó bajo el decreto del Botanic», apuntó en declaraciones a este diario. No obstante, fuentes de la Conselleria de Vivienda también confirmaron que las condiciones fijadas posteriormente por el Consell de Mazón sí afectarán a Les Naus en una condición clave: las viviendas dejarán de estar protegidas pasados 30 años, convirtiéndose en inmuebles de libre comercialización. La izquierda, por su parte, exige recuperar la calificación de VPP de por vida.
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