Al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se le acumulan las peticiones de amparo y las quejas cruzadas relacionadas con la causa de la dana. La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha recibido y tiene en estudio la segunda petición de amparo en apenas tres meses de Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada de Catarroja instructora de la causa de la dana que investiga a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por la gestión de las inundaciones que acabaron el 29 de octubre de 2024 con la vida de 230 personas.
La magistrada lleva 16 meses instruyendo una causa en la que ha tenido que lidiar con múltiples presiones externas e intentos de apartarla del caso, como la querella ante el Tribunal Superior de Justicia por prevaricación presentada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias (que fue archivada), hasta la batería de quejas interpuestas ante el CGPJ por las propios investigados. Ruiz Tobarra ha recabado más de 500 testimonios que incluyen a las familias de las víctimas, a los responsables de la emergencia, al núcleo duro en la Generalitat e incluso a la periodista que pasó la tarde con Carlos Mazón, cerrando así el círculo en torno al expresident, cuya investigación como responsable último de las 230 muertes acaba de solicitar la jueza al TSJCV.
El pasado 24 de febrero, justo la semana en la que finalizaban las declaraciones del núcleo duro de Mazón, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra daba el paso para solicitar al Tribunal Superior de Justicia que investigue al exbarón popular.
La segunda petición de amparo de la jueza de la dana se presentó, según informa El Confidencial, hace dos semanas por las declaraciones realizadas por el diputado del PP Rafael Hernando en su cuenta de X en las que acusa a la jueza de “prevaricación palmaria” por “desacreditar” el informe de la Guardia Civil “porque incrimina al Gobierno de Pedro Sánchez”. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra consideró «erróneo» el documento de la Guardia Civil porque se excedía en el mandato al introducir conclusiones, cuando ella había solicitado una cronología de hechos. El Instituto Armado señaló la lenta reacción y «falta de avisos» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), o exceso de avisos de la Agencia estatal de meteorología (Aemet) y Emergencias de la Generalitat. Pero la magistrada rechazó las conclusiones del Instituto Armado y remarcó: «El único apagón que hubo fue el del Cecopi» (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia que era de competencia autonómica, como ha fijado la jueza de la dana, la sección segunda de la Audiencia de València y el Tribunal Supremo.
Ataques de los abogados
La Comisión Permanente del CGPJ también tiene en estudio la petición de amparo que Ruiz Tobarra presentó en diciembre de 2025 por los ataques y la “grave intromisión en la función jurisdiccional” de dos abogados, Pilar Esquinas (expulsada de la causa por la jueza por la difusión de bulos sobre las cifras de víctimas y alinearse con la defensa de un acusado, pese a ser acusación, aunque la Audiencia de València anuló esta decisión) y José María Bueno Manzanares (letrado de Argüeso). La magistrada Nuria Ruiz Tobarra alegó frente al CGPJ que los «requerimientos que han efectuado» ambos abogados y que, señalaba en su petición de amparo, «constituyen una grave intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional». Y añadía la jueza que ambos letrados realizan requerimientos «sobre cuestiones que están sometidas plenamente al oportuno control jurisdiccional«. Los letrados José María Bueno Manzanares y Pilar Esquinas sí recibieron el amparo del Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV). La comisión permanente del Poder Judicial admitió la petición de la jueza frente al ICAV al que dio traslado de la decisión para que presentase alegaciones.
Quejas de Pradas y Argüeso
Se da la circunstancia de que también está en estudio en el Consejo General del Poder Judicial la queja de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, contra la jueza Ruiz Tobarra a la que acusa de de prolongar «artificialmente» la causa y tener tesis «apriorísticas». Pradas presentó hace unos días un nuevo escrito al CGPJ urgiéndoles a resolver su queja transcurridos nueve meses sin haber respondido. A las quejas de Pradas se añaden las tres que ha presentado Emilio Argüeso, que mantiene su propia ofensiva ante el órgano de gobierno de los jueces, contra Ruiz Tobarra. En su última queja ante el CGPJ Argüeso sale en defensa de Mazón y sostiene que la jueza está llevando a cabo una investigación «prospectiva» contra el expresident y pone como ejemplo la citación del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El nexo del marido
Las quejas tanto de Argüeso como de Pradas tienen un nexo común, la posible intervención del magistrado y marido de Ruiz Tobarra en los inicios de la instrucción de la causa, en la toma de declaraciones, cuando sólo comparecían los familiares de víctimas de la dana, coincidente a su vez con otro frente abierto, este en el Tribunal Superior de Justicia, contra la jueza por parte del «youtuber», agitador y abogado, Rubén Gisbert, conocido por la «pillada» manchándose de barro en un «reportaje» durante la dana. Gisbert en su querella aporta audios, que el abogado achaca a un medio de comunicación, que supuestamente probarían que el magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de València, Jorge Martínez Ribera, habría colaborado supuestamente en la toma de declaración a algunas víctimas de la dana para descargar de trabajo a su mujer en las diligencias iniciales, cuando el juzgado de Catarroja estaba en València por la afección de la barrancada al edificio judicial de l’Horta Sud.
Lo cierto es que sobre esta cuestión ya se pronunció el TSJCV al rechazar en octubre la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana. El pseudosindicato alegaba la constante presencia del marido de la jueza en los recesos del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. El TSJCV respondió a Manos Limpias que «realmente no encontramos censurable, dado que si como se dice son marido y mujer y ambos trabajan en el mismo edificio, no encontramos motivo para que con frecuencia pase a recogerla o la visite, o que compartan sus periodos de descanso. Ya que tal como hemos trascrito se dice que se limita a esperar a que acabe en el pasillo y que entre en los recesos. No aportándose sobre una participación más activa un principio de prueba«.
Los magistrados Vicente Baeza (presidente del TSJCV), Antonio Ferrer (ponente) y Vicente Torres abundan en el auto del 23 de octubre que «en cualquier caso, las eventuales irregularidades que hayan podido producirse en algún acto procesal (las que ni siquiera nos constan) habrían de hacerse valer -en su caso- en el propio proceso y por los mecanismos legales al efecto; siendo que, por lo demás y aparte de ello, aquellas no pueden exceder del correspondiente ámbito administrativo; esto es, no tienen la relevancia penal que se les pretende atribuir en la querella, sin que puedan integrar ninguno de los tipos penales referidos en la misma». El pseudosindicato Manos Limpias acusaba a la magistrada de la dana de prevaricación al dictar varios autos en la causa de la dana, uno de ellos el que expulsó de la causa a Manos Limpias, decisión esta última que devino firme porque el pseudosindicato finalmente no recurrió.
De esta manera, se da la circunstancia que a los dieciséis meses de la dana, el TSJCV deberá decidir en las próximas semanas sobre el futuro del expresidente de la Generalitat y de la jueza que solicita que se le investigue. Los cinco magistrados de la sala de lo Civil y lo Penal deberán dirimir qué hacer con la exposición exposición razonada que la jueza de la dana ha presentado para que el Alto tribunal valenciano decida si se ha de investigar a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat por los 229 homicidios (a la bebé Scarlett que no llegó a nacer no se la contabiliza como homicidio a efectos penales pero sí como víctima) y las lesiones imprudentes. Pero la misma sala también también deberá decidir sobre la querella presentada contra la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra y también contra su marido por el abogado personado en la causa y youtuber, Rubén Gisbert.
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