El Senado argentino aprobó este viernes un nuevo y severo régimen penal juvenil promovido por el presidente Javier Milei. La iniciativa reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y contempla penas de prisión para los adolescentes de hasta 15 años si se cometieron delitos que involucren violencia y muerte. El proyecto, que ya había contado con el voto favorable de la Cámara de Diputados, obtuvo amplia mayoría, a tono con el consenso que existe en buena parte de la dirigencia política a favor de la llamada mano dura. “Los menores entienden perfectamente las consecuencias de sus actos y tienen que ser recuperados por la sociedad a través de un proceso que esta ley prevé”, dijo el senador oficialista Ezequiel Atauc al defender la propuesta.
Los jueces, en virtud de los cambios de la legislación, podrán optar por castigos que van desde la amonestación y el monitoreo electrónico a un encierro prolongado. «Esta ley no se puede votar, es imposible», dijo la senadora opositora Lucía Corpacci. A su criterio, la ultraderecha ha instalado la discusión del agravamiento de las penas para los menores de edad para desviar la atención a los problemas sociales derivados de la recesión económica y «cuando todos los días vemos en los diarios cómo más gente se queda sin trabajo».
Cifra insignificante
“El que las hace las paga”, es el lema de Milei y de quien fue su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actualmente al frente de la bancada libertaria en el Senado. Los delitos contra la propiedad se encuentran en su mínimo histórico y los cometidos específicamente por menores representan en este país entre el 0,06% y el 2% del total de las causas penales, dependiendo de la jurisdicción. Las estadísticas muestran que más del 99% de los niños y adolescentes no están vinculados a delitos, y que los jóvenes de 16 y 17 años que han tenido problemas cometieron robos y hurtos. El Gobierno ha querido no obstante convertir en regla un hecho excepcional: el asesinato de un muchacho por otro adolescente en la provincia de Santa Fe.
Macarena Fernández, coordinadora de política criminal y violencia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es categórica: «no existe relación entre bajar la edad de punibilidad y la seguridad». Y remarca que tampoco es lo mismo aplicar un castigo a alguien de 14 años, que está en pleno crecimiento y requiere cuidados, que a una persona adulta. Esa explicación ha sido desestimada también por el partido de Gobierno.
Los especialistas en temas de seguridad advirtieron que el nuevo régimen penal juvenil representará un enorme gasto administrativo que contraviene los objetivos de Milei de aplicar la motosierra en todas las áreas del Estado. Destinar dinero a un nuevo esquema punitivo afectaría los presupuestos en salud, educación y protección social, etcétera.
La posición de la UNICEF
El CELS también advirtió que la nueva normativa contraviene el artículo 40.3.a de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, según el cual los Estados están obligados a determinar una edad mínima respecto de la cual estos no pueden ser imputados ni sometidos a proceso penal alguno. La Unicef ya se había pronunciado al respecto sobre los objetivos de la ultraderecha: “la reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.
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