Basta un vistazo a la prensa nacional e internacional de las últimas semanas para constatar una realidad incómoda: las mujeres y las niñas siguen pagando el precio más alto de las decisiones políticas, del relativismo cultural y de las batallas ideológicas. No hablamos de hechos aislados, sino de un patrón global que se repite con alarmante regularidad.
En el Reino Unido, investigaciones periodísticas y organizaciones de protección de menores han documentado durante años decenas de miles de casos de niñas británicas blancas explotadas sexualmente por redes organizadas de pakistanís, mientras servicios sociales y cuerpos policiales ignoraban denuncias reiteradas de las familias. Algunas de esas niñas quedaron embarazadas, otras se suicidaron; muchas fueron trasladadas, amenazadas o prostituidas. La semana pasada, el Parlamento británico rechazó abrir una investigación pública de amplio alcance sobre estos hechos, alegando riesgos para la convivencia social. Poco después, el primer ministro afirmaba en una entrevista televisada que resultaba problemático sostener que solo las mujeres tienen útero. El contraste entre ambas decisiones resulta difícil de explicar sin una profunda sensación de abandono hacia las víctimas.
En paralelo, el Parlamento Europeo aprobó recientemente —de forma discreta, entre otras medidas— disposiciones que equiparan plenamente a los hombres que se autoidentifican como mujeres con las mujeres, sin salvaguardas específicas para espacios sensibles como vestuarios, baños, centros de acogida para víctimas de violencia sexual o doméstica. No se plantean, en cambio, evaluaciones de impacto sobre la seguridad, la intimidad o la protección de mujeres y niñas, ni se abordan las consecuencias sanitarias de determinados tratamientos hormonales cuando afectan a embarazos y recién nacidos, cuyos riesgos ya han sido documentados por la literatura médica.
Fuera de Europa, la situación es aún más cruda. En países como Filipinas o Perú, donde el aborto está severamente restringido, niñas de diez u once años embarazadas tras violaciones —en algunos casos cometidas dentro del entorno familiar— se ven obligadas a continuar gestaciones que ponen en riesgo su integridad física y psicológica. En Afganistán, bajo el régimen talibán, se ha aprobado recientemente que los hombres que agredan a sus esposas hasta causarles fracturas enfrenten penas inferiores a las previstas por dañar ganado. La jerarquía moral queda así establecida de forma explícita.
Y en España, el Congreso ha votado en contra de prohibir el burka y el niqab, prendas que no son expresiones culturales neutras, sino símbolos de dominación masculina sobre las mujeres musulmanas, precisamente aquellas que cuentan con menos herramientas para defenderse.
Nada de esto ocurre por casualidad. Ocurre cuando la protección efectiva de mujeres y niñas se sacrifica en nombre de la convivencia, la corrección política o el cálculo electoral. Cuando se pide silencio a las víctimas para no incomodar relatos ideológicos. Cuando se legisla sobre cuerpos femeninos sin escuchar a las mujeres.
El mundo no avanza mientras sigue mirando hacia otro lado. Porque cuando las mujeres y las niñas dejan de ser la prioridad, todo lo demás es retórica.
