En el programa ‘Herrera en COPE’, dentro de la sección ‘La píldora económica’ con Pilar García de la Granja, se ha puesto sobre la mesa un dato revelador: los jubilados españoles ganan de media un 17% más que los europeos, mientras que los trabajadores en España cobran un 4% menos. Este análisis, ajustado al coste de la vida de cada país y extraído de un estudio de la Universidad de las Hespérides, subraya la generosidad del sistema público de pensiones español.
Numerosos expertos consideran que el modelo es insostenible bajo los parámetros actuales. A pesar del paulatino incremento de las cotizaciones sociales que abonan trabajadores y empresas, las pensiones generaron un déficit de 63.000 millones de euros el año pasado, una cifra que se cubrió con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y la emisión de nueva deuda.
Jubilado en silla de ruedas mirando hacia la playa en España
El origen del problema según Ángel de la Fuente
Para Ángel de la Fuente, economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el origen del problema reside en un desequilibrio fundamental. Según ha explicado García de la Granja, De la Fuente señala que «si comparas las cotizaciones del trabajador típico en España y su pensión cuando se jubila, la rentabilidad implícita es mucho mayor que la que tendrías invirtiendo, por ejemplo, en el mercado».
Esto significa, en la práctica, que el sistema está gastando más de lo que puede asumir. El propio De la Fuente lo resume de forma contundente en una cita textual: «si a todo el mundo le pagas más de lo que mete en el sistema, el problema no tiene solución». Ante este panorama, los economistas reclaman una reforma «seria y solvente» que garantice el nivel de vida de los jubilados sin arruinar a las generaciones en activo.
Si a todo el mundo le pagas más de lo que mete en el sistema, el problema no tiene solución»
Economista
Un caso real que expone los límites del sistema
La complejidad de la normativa vigente queda patente en casos como el de una pensionista de Madrid, a la que llamaremos Rosalía. Tras cotizar más de 47 años y retrasar su jubilación hasta los 69, ha visto cómo su pensión ha quedado reducida a unos 900 euros. El motivo es que ya percibía una pensión de viudedad de 1.474 euros, y la suma de ambas prestaciones superaba el tope máximo legal que establece la Seguridad Social.
A Rosalía se le reconoció una base reguladora de 2.128,11 euros y un incremento del 16% por haber retrasado su jubilación, fijando su pensión en 2.468,68 euros. Sin embargo, al sumar esta cifra a la de viudedad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aplicó el recorte. Disconforme, decidió emprender acciones legales para reclamar un complemento adicional por demora, pero su petición fue desestimada tanto en primera instancia como por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La clave del fallo judicial fue aclarar la diferencia entre el porcentaje adicional por retrasar la jubilación, que sí recibió, y el complemento por demora que reclamaba. El tribunal explicó que «este complemento solo se concede cuando la pensión de jubilación inicial de una persona ya alcanza por sí sola el límite máximo de las pensiones», una condición que Rosalía no cumplía, ya que su pensión era inferior al tope de 2021, fijado en 2.707,49 euros.
