Un total de 174 municipios gallegos de menos de 10.000 habitantes, y cuatro más que superan este umbral de población, están obligados a elaborar o revisar su plan de actuación municipal (PAM) ante incendios forestales, instrumentos clave de planificación ante estas emergencias. Pero a pesar de tratarse de una obligación, todavía no la han cumplido. La Xunta los ha apremiado para que asuman esa responsabilidad y ha publicado la lista de los ‘incumplidores’ en el Diario Oficial de Galicia, acompañando —como anexo— la convocatoria de nueva línea de subvenciones destinadas a estos ayuntamientos con el objeto de que redacten esos documentos de protección de bienes y personas ante las llamas.
Estos planes constituyen la hoja de ruta a seguir en caso de incendio, definiendo aspectos como la organización y los recursos municipales dentro de su ámbito territorial. Entre otras cuestiones, deben establecer sistemas de articulación con otras administraciones, zonificar el territorio municipal en función del riesgo, prever medidas de información y formación a la población, de autoprotección de los núcleos urbanos y de las edificaciones, y catalogar los medios y los recursos específicos para poner en práctica estas actuaciones.
Según aparece recogido en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Peifoga), están obligados a tener un PAM para el riesgo de incendios forestales aquellos concellos con parte o todo su territorio en las denominadas zonas de alto riesgo de incendios (ZAR) —en las que la frecuencia o la virulencia de los fuegos y la importancia de los valores amenazados hacen que sea necesario establecer medidas especiales de protección— así como aquellos en zonas de riesgo alto o muy alto.
Al igual que sucede con otros planes municipales de protección civil ante riesgos específicos, como inundaciones, movimientos sísmicos o transportes de mercancías peligrosas, son los concellos los que deben elaborarlos, lo que implica «un gran esfuerzo, tanto en recursos humanos como materiales».
Conocedora de estas circunstancias, y con el objetivo de potenciar la seguridad de los ciudadanos en concordancia con los principios de cooperación, interés público y responsabilidad, la Xunta ha convocado una línea de ayudas para subvencionar parte de los gastos de la elaboración de dichos planes, que los concellos podrán solicitar a partir del próximo martes durante el plazo de un mes.
Esta línea de ayudas está dirigida a los municipios de menos de 10.000 habitantes que cumplen con los requisitos citados previamente y tengan sus cuentas al día, y podrá financiarse hasta un 75% del coste total justificado, siendo obligatorio que, como mínimo, los ayuntamientos aporten el 25%. En total, se ha dispuesto un presupuesto de 330.000 euros, con la posibilidad de ampliación de crédito.
Concretamente, podrán subvencionarse los gastos relativos a los servicios técnicos profesionales para la elaboración del documento y los salarios, sueldos y cotizaciones correspondientes en caso de realizarse con personal propio del concello. Las ayudas, además, serán compatibles con otras subvenciones destinadas a la misma finalidad, independientemente de la administración convocante.
Según se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia, son 148 los municipios de menos de 10.000 habitantes los que tienen la obligación de elaborar el PAM ante el riesgo de incendios, a los que se suman otros 26 que deben revisarlo. En Pontevedra, deben elaborarlo desde cero los siguientes 33 concellos: Arbo, Barro, Campo Lameiro, A Cañiza, Catoira, Covelo, Crecente, Cuntis, Dozón, Forcarei, Fornelos de Montes, Agolada, A Lama, Meaño, Meis, Mondariz-Balneario, Moraña, As Neves, Oia, Pazos de Borbén, Portas, Ponte Caldelas, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, O Rosal, Silleda, Soutomaior, Valga, Vilaboa, Vila de Cruces, A Illa de Arousa y Cerdedo-Cotobade. Además, deberán revisarlo Caldas de Reis, Mondariz y Salceda de Caselas.
En A Coruña, por su parte, deben elaborarlo 42 concellos y revisarlo otros 6; en Lugo, deben hacerlo 20 y revisarlo 5; y Ourense, lo tienen que hacer 53 y revisarlo 12. A mayores, hay otros 4 municipios que deben eraborar su PAM ante el riesgo de incendios, que al tener más de 10.000 habitantes no aparecen en la orden publicada este jueves.
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