Una vez conocido el contenido de los 153 documentos secretos sobre el intento de golpe de Estado del 23F que el Gobierno desclasificó ayer, resulta todavía más incomprensible que hayan tenido que pasar 45 años para que historiadores, periodistas y la ciudadanía en general puedan tener conocimiento de informaciones que aportan detalles significativos sobre lo ocurrido en aquel momento y en los días anteriores y posteriores a la sublevación. Sobre todo cuando apenas contienen datos que modifiquen la visión de los hechos que se desprende de la sentencia condenatoria contra los responsables y ejecutores, y más aún cuando ese secretismo solo ha servido para alentar teorías conspirativas. Ya fue suficientemente grave la conjura de algunos generales que intentaban, unos, acabar con la incipiente democracia y otros, condicionarla (lo que finalmente venía a ser lo mismo), con la ayuda de algunos civiles o de media docena de agentes del servicio de inteligencia. Con la desclasificación de los papeles ha quedado demostrado, una vez más, que la claridad es el mejor antídoto para la desinformación.
En una primera revisión de los documentos desclasificados no aparece ningún indicio que contradiga lo establecido en la sentencia del consejo de guerra que situó a los generales Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch como máximos responsables de la intentona, aunque no necesariamente con objetivos y estrategias coincidentes. Quedan aún aspectos de los que quizá no haya huella documental, o aún no haya aparecido: sobre todo sobre lo sucedido en los tensos meses previos, y sobre cómo se llegó a alimentar, y en qué círculos, la idea de que era necesario un golpe de timón fuera del curso constitucional. Tanto la revelación de que hubo contactos con militares detenidos desde la jefatura del Estado antes del consejo de guerra como la extensión de la participación de los servicios de inteligencia deben ser también objeto de análisis. Estos datos, no obstante, no contradicen que, como queda reforzado con la lectura de los documentos, al menos una vez desencadenado el golpe el rey actuó en todo momento con firmeza contra los sublevados y en defensa de la todavía frágil democracia española, hasta el punto de que los golpistas atribuyeran su fracaso a haber dejado «al Borbón libre».
La decisión de desclasificar los papeles del 23F, improvisada en las últimas semanas por el presidente Pedro Sánchez, forma parte, sin duda, de su habilidad para introducir en la agenda política asuntos que alejen el foco de las debilidades de su Gobierno, en las que trata de fijarlo la oposición. Del contenido de los documentos no se desprende, sin embargo, que su apuesta encerrara la intención de poner el foco sobre la actuación de Juan Carlos o a Felipe González, como algunos han insinuado. Con todo, la desclasificación no debería haber sido el fruto de un acto discrecional en el momento considerado políticamente oportuno por el presidente del Gobierno. Una ley de secretos oficiales que sustituya a la vigente, que fue aprobada durante el franquismo, debería haber regulado de forma clara las reglas bajo las que liberar estos, pero también otros informes clasificados.
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