Los esfuerzos del Gobierno por atraer a Junts al decreto del escudo social con la moratoria antidesahucios no han dado frutos hasta el momento. La reformulación del texto tumbado por el Congreso para excluir ahora a los pequeños propietarios se ha mostrado insuficiente. Pese a separar las medidas del escudo social en un único decreto y tratar de adaptarse a las demandas de los posconvergentes, incluida la aprobación de una partida de 300 millones para cubrir el alquiler que puedan dejar de percibir los caseros por impago. De ahí que se haya pasado de los guiños a activar la maquinaria de la presión política para situar a Junts junto al PP, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “arrodillados y genuflexos ante los poderosos y ensañándose con los débiles”.
En Ferraz ponen el foco en que en Catalunya son casi 200.000 familias las que tienen derecho al bono social eléctrico, incluido también en el texto del decreto. Ante la posibilidad de que el Congreso vuelva a tumbar el escudo social en el pleno de este jueves, en el Gobierno avanzan que no se resignarán y volverán a aprobar otro decreto, que sería el tercero consecutivo, para mantener la protección habitacional a las familias vulnerables. «Se volverá a intentar», aseguran fuentes de Moncloa.
Igual de explícito fue el titular de Derechos Sociales, quien en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros aseguraba que “nosotros no vamos a tirar la toalla y no vamos a dejar a nadie solo”. “Vamos a insistir las veces que haga falta”, añadía. Tras ello cuestionaba que “no puede ser que con la crisis de vivienda que están viviendo las familias trabajadoras en España, la operación ideológica de la derecha española para consagrar esa alianza con la ultraderecha sea la criminalización de quienes menos tienen en España”.
Junto al decreto del escudo social, el Congreso votará mañana otros tres decretos: ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, revalorización de las pensiones y tope de precios en transporte y servicios básicos ante situaciones de emergencia. Con todo, y aunque sería suficiente la abstención de Junts, el que más preocupa ahora al Ejecutivo es el que contiene las medidas antidesahucios para familias vulnerables hasta encontrar una posibilidad de realojo.
En Moncloa sostienen que el nuevo texto “sustancia las demandas para tener los apoyos suficientes”, pero ante la amenaza de los de Carles Puigdemont avisan que “tendrán que explicar qué es lo que no les convence”. A falta de interlocución con Junts, el Gobierno acudió a una suerte de mediación a través del PNV. De hecho, la cesión para dejar exentos a los propietarios de una única vivienda en alquiler de la prórroga se pactó con los nacionalistas vascos que ya habían votado a favor del decreto.
Se calcula que estaban paralizados unos 60.000 desahucios de estas características, siendo mayoritarios los que corresponden a pequeños propietarios, ahora excluidos. Desde el ministerio de Vivienda señalan igualmente que en el caso de las de las personas propietarias de una vivienda en alquiler, al no verse afectadas por la prórroga de este escudo social, “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”.
Sin interlocución directa
En paralelo, trasladaban que el Gobierno seguirá aportando financiación a las comunidades “para contribuir al desarrollo de los parques de vivienda social y de los recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad”. Por otra parte, en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, se triplica la inversión hasta los 7.000 millones, en parte para financiar líneas específicas para la construcción de vivienda social.
En el Gobierno no dan todavía nada por perdido y esta legislatura se han especializado en los movimientos de último minuto para salvar las votaciones. Algo que se hace más complejo ante la inexistente interlocución con Junts. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ya trasladó tras llevarse el nuevo texto del escudo social al Consejo de Ministros que “desde Junts sí que podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta».
Además del decreto para la revalorización de las pensiones, en el Ejecutivo dan por totalmente amarrado el relativo a las ayudas a los accidentes ferroviarios. En concreto, fija una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida como primer anticipo, aunque alcanzará los 216.000 euros a través de otros dos pagos. En el caso de lesiones corporales, estas primeras ayudas establecen importes según 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros, con cuantías que van desde 84.141,7 euros hasta los 2.404,04 euros.
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