La desclasificación de 153 documentos por parte del Gobierno han arrojado luz sobre algunas de las sombras que, 45 años después, persistían todavía en la historia del golpe de Estado del 23-F. Entre informes elaborados por la Guardia Civil, manuscritos anónimos, actas de reuniones de Juan Carlos I y notas sobre el discurrir del juicio a los golpistas se han aclarado las incógnitas sobre el posible papel que jugó el rey, la delicada situación que se vivió en el Congreso de los Diputados o la actuación de los servicios secretos. Todo ello en un día en el que ha fallecido el protagonista de aquella asonada, el teniente coronel Antonio Tejero.
Juan Carlos I estaba jugando un partido de squash en el palacio de la Zarzuela cuando Tejero irrumpió en el Congreso al grito de «¡Quieto todo el mundo!«. Según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desclasificado por el Ministerio de Defensa, «a lo largo de las primeras horas y durante toda la noche» el rey emérito respondió numerosas llamadas de «autoridades civiles, instituciones y representaciones políticas y sindicales» a los que «se les tranquiliza y aconseja que mantengan y hagan observar la serenidad y la calma«.
Entre esas conversaciones hubo una con el general Alfonso Armada, que «pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela». «Su Majestad le contesta que no, que continúe en su puesto», se lee en el documento. A las 19:30, tras hablar con las distintas capitanías, Juan Carlos I ya había decidido dar un discurso en TVE, pero cuando la Zarzuela contactó con la televisión pública, ya pasadas las 20:00, se les comunicó que estaba tomada por los militares. Sobre las 21.30 horas se han ido las fuerzas de Prado del Rey y «se gestiona que TVE envíe un equipo de grabación». El discurso acabó emitiéndose a las 01:12 de la madrugada.
Ya dentro del Congreso, Tejero mantuvo varias conversaciones con el exterior, también desclasificadas. Sobre todo con Juan García Carrés, el único civil condenado por el intento de golpe de Estado que se había encargado de suministrar los autobuses para desplazar a los guardias civiles. A este le pide que avise al general Jaime Milans del Bosch con plaza en Valencia, que no se fíe del general Alfonso Armada, al que acusa de «chapucero» y de querer «ser presidente como sea, al precio que sea».
En esa misma conversación García Carrés consigue conectarle con su esposa, Carmen Díez, a la que Tejero trata de tranquilizar: «No va a haber sangre hija mía, no te preocupes». Sin embargo, estas palabras tienen poco efecto y su esposa, tratando de hablar con Milans del Bosch, acaba manteniendo una llamada con un hombre que se identifica como el «general Fajardo». Es en ese momento cuando Díez se queja de que Milans del Bosch ha dejado a su marido «tirao como una colilla». Más tarde, en otra conversación con una mujer, llega a admitir que su marido «es un desgraciao» al que tachan de «loco».
Cerca de las 20:00, poco después de que Tejero entrara en el Congreso, los militares tomaron la sede de Radiotelevisión Española (RTVE), razón por la cual Juan Carlos I no pudo emitir su discurso nada más tener conocimiento de los hechos. Según confesó un soldado que participó en el asalto, en una conversación telefónica que mantuvo con un amigo suyo y que también se ha hecho público en esta desclasificación de documentos, la orden que recibieron de sus superiores era «tirar a matar».
El soldado, que formaba parte del regimiento Villaviciosa, perteneciente a la División Acorazada Brunete, comenta las instrucciones que habían recibido por parte del «capitán» del regimiento y que este había recibido del «coronel y estos»: «El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada». Durante el juicio a los golpistas, celebrado a lo largo de 1982, el general Joaquín Valencia Remón sostuvo que su unidad no ocupó RTVE: «Más que una ocupación se trataba de proteger estas instalaciones«.
Con el final del golpe de Estado, ya en la mañana del 24 de febrero, los temores no se extinguieron. A finales de 1981, Juan Carlos I mantuvo una reunión con el entonces presidente del Gobierno y sucesor de Alfonso Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo; con el ministro de Defensa, Alberto Oliart, y la junta de Jefes del Estado Mayor. En ese encuentro, según unas anotaciones de Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey en aquella época, el monarca admitió que España no era un país «totalmente estable» y que la situación militar era «delicada y digna de atención».
El miedo a una nueva asonada también lo tuvo el entonces jefe de la División Interior del CESID, José Faura, que envió una carta al jefe de los servicios secretos de entonces, Emilio Alonso Manglano, en la que le avisa de que «el ambiente en los cuarteles» se estaba «enrareciendo» ante la celebración del juicio a los golpistas del 23-F. «La disciplina debe ser norma prioritaria en estos momentos, exigiendo de los inferiores un comportamiento digno», advirtió Faura a su superior.
En los meses y años siguientes al golpe hubo mucho sobre lo que hablar y no todo lo que se decía era cierto. Un informe elaborado por el Ministerio del Interior titulado «Campaña contra S.M. el Rey en relación con el 23F» sostiene que «la supuesta implicación» de Juan Carlos I en el golpe de Estado se difundió mediante panfletos que lanzaron «bulos» que buscaban «disminuir la responsabilidad penal de los procesados» y disponer de un argumento contra la Corona que hiciera posible «un intento similar en el futuro«.
También aprovecharon los golpistas para hacer un análisis de lo que había salido mal durante el 23-F. En un manuscrito anónimo que estaba en poder de la Guardia Civil y que ha sido desclasificado, se detalla que el «primer fallo» de la asonada fue «dejar al ‘borbón’ libre y tratar con él como si fuese un caballero». A esto, se añade una consideración sobre los movimientos del monarca: «Se considera que el rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar».
«Panorámica de Operaciones en marcha», reza el título de un esquema que incautó la Guardia Civil y que contiene una relación detallada de las vías que se planteaban los golpistas para acabar con el Gobierno de Alfonso Suárez en noviembre de 1980, tres meses antes del golpe de Estado. Entre todas las opciones, destaca la operación «cívico-militar», la preferida de Alfonso Armada, y donde se planteaba que Suárez se vería «forzado a dimitir» por «presiones de procedencias varias» y que, después, serían «imprescindibles» los apoyos de UCD y del PSOE para investir como presidente del Gobierno a un «general con respaldo del resto de militares».
Luego, dentro de las vías que contemplaban las operaciones militares estaba la llamada «de los expontáneos», donde se hace referencia a la ‘Operación Galaxia’ por la que fue encarcelado un año antes el propio Tejero. «Están convencidos de que si ‘alguien’ (núcleo militar pequeño pero suficiente), plantea el hecho del golpe, el resto de las Fuerzas Armadas se sumarían o, al menos, no lo impedirían por la fuerza», detalla el texto, acercándose bastante a lo que finalmente ocurrió.
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