Las claves
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El Ejército de EEUU anunció este lunes que bombardeó otra supuesta narcolancha en el Caribe, en un ataque que causó tres muertos.
Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha lanzado una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones que califica como «narcolanchas» en el Caribe y el Pacífico, dentro de la operación Lanza del Sur.
Desde septiembre de 2025 hasta mediados de febrero de 2026, el Pentágono y el Comando Sur han reconocido ataques letales contra 44 barcos, con un saldo de unos 150 muertos.
On Feb. 23, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/XUHImPAZik
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 23, 2026
La mayoría de estas embarcaciones son atribuidas a redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela y Colombia, pero los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos denuncian que entre los fallecidos hay pescadores y migrantes, y hablan de ejecuciones extrajudiciales sin debido proceso.
El republicano ha convertido este tipo de operaciones en uno de los símbolos de su política antidroga: sostiene que las lanchas pertenecen a «narcoterroristas» que llevan cocaína y fentanilo a Estados Unidos y asegura que «las trataremos exactamente como tratamos a Al Qaeda», prometiendo «localizarlos, cazarlos y matarlos».
La Casa Blanca defiende que estos ataques son actos de legítima defensa y que han reducido drásticamente el flujo de drogas por vía marítima, mientras el presidente utiliza un lenguaje abiertamente bélico y presume de que «si trabajas para una organización terrorista y traes drogas en un barco, te encontraremos y te hundiremos».
La estrategia ha desatado una fuerte polémica a nivel internacional y también dentro de Estados Unidos.
Juristas, congresistas demócratas y algunos republicanos cuestionan la legalidad de los bombardeos sin autorización explícita del Congreso y sin capturas ni juicios, mientras gobiernos de la región denuncian violaciones de soberanía y familiares de las víctimas han presentado demandas contra la Administración Trump.
Los críticos advierten de que se está usando la lógica de la «guerra contra el terrorismo» para combatir el narcotráfico, con un coste humano alto y muy poca transparencia sobre quiénes iban realmente a bordo de esas lanchas hundidas.













