Más de año y medio después de situar en la diana a los denominados “pseudomedios” y proponer una reforma de la ley de publicidad para cortar su financiación pública, el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de Publicidad en el Sector Público. La norma estrella del ‘plan de regeneración democrática’ propone limitar los ingresos por publicidad institucional al 35%. Se busca asimismo aumentar la transparencia con la obligatoriedad de hacer pública la propiedad de los medios y su financiación.
El anteproyecto, que adapta el reglamento europeo de medios de comunicación, delega en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad sancionadora y el control de un registro de medios. Su objetivo pasa por fijar límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios “esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas”.
De forma paralela, el plan de regeneración se complementa con las reformas de la ley del derecho al honor y de derecho de rectificación. En ambos casos se pretende endurecer la regulación y “actualizar los plazos de resolución de los procedimientos y los mecanismos de determinación de las indemnizaciones de quienes ven vulnerados sus derechos, para adecuarlos al dinamismo del ecosistema mediático actual y asegurar su carácter propiamente compensatorio”. Desde el Ejecutivo se considera que ambas normas están desactualizadas y no garantizan una respuesta ágil ante las difamaciones “en cualquier medio o pseudomedio”.
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