La fiscalía cree que la conducta del director de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu (Barcelona) y de un abogado de la misma orden, que reprendieron a un informático por denunciar a un cura pedófilo, es delictiva, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. En su escrito, el ministerio público acusa a Josep Maria T. y a Antonio R. de coaccionar y de acosar a este informático, su empleado. La fiscalía, además, considera que la actuación de ambos pudo obstruir la acción de la justicia en el esclarecimiento de los hechos que el informático había puesto en conocimiento de los Mossos d’Esquadra: el hallazgo de 39 gigas de pornografía infantil en el ordenador de un sacerdote que seguía en contacto con menores de la escuela.
La fiscalía solicita para estos dos hombres una pena de prisión de 5 años y 3 meses en total: 1 año y 3 meses por el delito de acoso laboral, 2 años por un delito continuado de coacciones y 2 años por el delito de obstrucción a la justicia.
La acusación particular, que ejerce el despacho de la abogada Carla Vall, aprecia los mismos delitos que la fiscalía pero solicita para Josep Maria T. y para Antonio R. una pena mayor: 7 años de cárcel en total para cada uno de ellos.
Cargo de responsabilidad
Josep Maria T. ya no es director de la escuela de Sant Andreu, ahora ocupa un cargo de más responsabilidad dentro de la orden del Pare Manyanet, y el abogado Antonio R., que ejercía de ‘compliance officer’ –una posición que debe velar por el cumplimiento de la ley dentro de la empresa–, ya no trabaja para la institución religiosa.
Con la presentación de estos escritos, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona concluye una fase de instrucción que, en una etapa anterior, llegó a archivarse y tuvo que reabrirse por decisión de la Audiencia de Barcelona. Si no se alcanza un acuerdo entre todas las partes, el juicio contra los acusados se celebrará, presumiblemente, en otoño del presente año o a inicios de 2027.
Un audio, clave en el proceso judicial
El director de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu (Barcelona), Josep Maria T., se reunió el 6 de abril de 2021 con un informático del centro para reprocharle que hubiera contactado con los Mossos d’Esquadra después de descubrir que en el ordenador personal del sacerdote Joaquim Calvet, exprofesor que seguía en contacto con menores, había 39 gigas de pornografía infantil.
El informático había descubierto por accidente esas imágenes –que incluían violaciones explícitas de menores– mientras intentaba arreglar el portátil del cura, que le había ordenado que lo revisara porque funcionaba “lento”. El informático grabó ese encuentro con Josep Maria T., entonces director de la escuela.
Los hechos
En el audio se puede oír cómo el responsable de la escuela culpa al empleado del descenso de las inscripciones escolares y de que ello conllevara que algunos profesores perdieran su trabajo. También le acusa de haber incumplido la cláusula de confidencialidad al haber contactado con la policía. Y finaliza la reunión subrayándole que el abogado de la congregación, Antonio R., le ha abierto un expediente informativo.
El expediente, redactado por el abogado Antonio. R., calificaba los hechos protagonizados por el informático como «un atentado contra los derechos a la intimidad, privacidad y propia imagen del padre Joaquim Calvet de manera injusta e injustificada» y añadía que la actuación del técnico podría ser constitutiva del «delito de revelación de secretos tipificado en los artículos 197 y 199 del Código Penal”. El abogado, en el escrito, dejaba en manos de la dirección del centro las medidas cautelares que debían aplicarse al informático para impedir que perjudicara «a los miembros de la comunidad educativa» o volviera «a cometer hechos que podrían ser constitutivos de infracción».
Por último, el informe anunciaba que se valoraría incluso si procedía interponer una querella contra el trabajador. El director le remarcó que, sin regresar a su despacho, tenía que marcharse a casa porque a partir de ese momento trabajaría a distancia. A los pocos días, el informático, víctima de un ataque de ansiedad, cogió la baja médica. A los cinco meses, aceptó un despido procedente y no ha vuelto a tener contacto con el colegio, al que acabó denunciando. El informático sufrió graves secuelas psicológicas por estos hechos y acabó presentando la denuncia contra ambos que ahora terminará en un juicio.
El director y el abogado negaron las coacciones
El director del colegio Josep Maria T. y el abogado Antonio R. declararon ante el juez por estos hechos en febrero de 2023. Ambos, según fuentes jurídicas, negaron las acusaciones.
El exdirector aseguró que al informático simplemente se le criticó que no confiara en él para explicar lo que había encontrado en el ordenador. El segundo, por su parte, manifestó que su trabajo consistió en redactar un expediente porque así se lo solicitó la orden y que no supo más del caso.
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