A mediados del pasado mes de diciembre, la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Aurore Lalucq, viajó a La Haya. Lo hizo para visitar al magistrado de la Corte Penal Internacional, Nicolas Guillou, que desde agosto tiene bloqueadas sus cuentas bancarias por una sanción de la administración Trump.
Guillou emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant —primer ministro y ex ministro de Defensa de Israel— en el ejercicio de sus funciones, y EEUU le represalió por ello. “El magistrado está inhabilitado para realizar pagos y operaciones bancarias. No puede comprar nada por Internet, ni alquilar una habitación de hotel, ni acceder a plataformas de streaming”, denunció Lalucq en un vídeo de X.
La ejecutiva europea es una de las principales valedoras del euro digital como solución al dominio estadounidense del sistema de pagos. En su vídeo, Lalucq denunció que la situación de Guillou “podría sucedernos a cualquiera de nosotros”. “Nuestras infraestructuras digitales y de pago pasan por EEUU, ya sea con tarjeta bancaria, Apple Pay, u otras soluciones”.
“Por lo tanto, el caso es extremadamente grave, porque ilustra a la perfección la vulnerabilidad de la Unión Europea y de sus ciudadanos frente a los estadounidenses y a la América de Donald Trump, que puede cerrar el grifo de la noche a la mañana y cambiar radicalmente nuestra vida cotidiana”, sostuvo la ejecutiva europea, urgiendo a las autoridades a encontrar soluciones.
Divorcio económico forzado
Una de las más plausibles, largamente ansiada por los máximos ejecutivos europeos, parece haber comenzado a carburar en las entrañas de la Unión Europea. El Parlamento Europeo respaldó el pasado martes el desarrollo de un ‘euro digital’, que pueda usarse tanto con conexión como sin ella, tras aprobar el informe anual del Banco Central Europeo (BCE) que contempla dicho sistema.
La Eurocámara respaldó por una mayoría holgada —443 votos a favor, 71 en contra y 117 abstenciones— la visión del ente presidido por Christine Lagarde, dando así los primeros pasos políticos para la implantación de un sistema que permitiría al bloque comunitario reducir sensiblemente su exposición al sistema de pagos imperante, dominado por dos colosos estadounidenses: Visa y Mastercard.
La CEO de la Iniciativa de Pagos Europea (EPI), Martina Weimert, insistió la semana pasada en una entrevista con el medio británico ‘Financial Times‘ que Europa necesitaba “urgentemente” una alternativa autóctona a las dos multinacionales de pagos estadounidenses. Uno de los motivos más evidentes de esta suerte de divorcio forzado es que, en caso de que las relaciones transatlánticas se deteriorasen, la dominancia del mercado ejercida por Washington podría ser usada en contra de Europa.
Sin representación española
La EPI está compuesta por un consorcio de 16 bancos europeos, entre los que destacan los franceses BNP Paribas y Crédit Agricole, el alemán Deutsche Bank o el neobanco británico Revolut. Ninguna entidad española forma parte de esta alianza. Su directora ejecutiva alertó de que Europa cuenta con “activos nacionales”, pero ninguna de sus alternativas de pagos supera fronteras.
“Si sostenemos que la independencia es tan crucial, y todos sabemos que es un problema de tiempos… necesitamos actuar, urgentemente”, sostuvo la ejecutiva europea. Lo cierto es que la dominancia de Visa y Mastercard en el mercado europeo es evidente: en un informe de 2022, el BCE alertó de que dos tercios de las transacciones con tarjeta correspondieron a ambas compañías.
Según un análisis del supervisor bancario, España carece de alternativas nacionales a los sistemas de EEUU en dos de los tres servicios clave en el sector de pagos: las transacciones en tienda y el e-commerce. Nuestro país, eso sí, cuenta con la baza de Bizum, un sistema desarrollado en clave nacional para enviar dinero entre particulares.
Necesidad de avanzar
Sin embargo, aún está lejos de países como Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo o Portugal, que cuentan con sistemas independientes de las dos multinacionales para todos los cometidos. En clave europea, cinco estados miembros de los 27 sigue siendo un resultado pobre, y las autoridades comunitarias siguen apuntando incesantemente la necesidad de progresar en esta materia.
Pese a los esfuerzos de las autoridades, Weimert puso en palabras uno de los mayores debes de la Unión Europea: la lentitud. “El problema con el euro digital es que quizá llegue en un par de años, tal vez una vez haya acabado el mandato de Trump. Por eso, creo que nos estamos quedando sin tiempo”, declaró al ‘FT’.
El pasado miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a avanzar a dos velocidades en reformas económicas clave si no es posible alcanzar el consenso de los Veintisiete y evitar así que la exigencia de unanimidad bloquee los avances. Pese a que no se refirió a ninguna reforma en concreto, una de las mayores urgencias para Bruselas es reducir su exposición a EEUU en caso de que las relaciones se deterioren. Por ello, no resultaría de extrañar que, en la tramitación de la cuestión del euro digital, Europa pusiese una marcha más para lograr sus objetivos.
Un largo camino por recorrer
Pese a la urgencia, el euro digital aún es un plan a futuro. La ley del euro digital aún se encuentra en fase embrionaria, pues el Parlamento Europeo debe aún aprobar su postura sobre el asunto. Una vez este paso se haya dado, comenzarán los trílogos, negociaciones a tres bandas entre Comisión, Consejo y Parlamento.
El BCE ha sostenido que, en caso de que la ley se apruebe en 2026, podrían comenzar a verse programas pilotos del sistema tan pronto como el año que viene. Sin embargo, una posible emisión a gran escala tendría que esperar, al menos, hasta 2029.
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