El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha remitido esta semana sendas cartas a la vicepresidenta primera del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para trasladarles el profundo malestar del sector de las galerías de arte y bienes culturales de las Illes Balears por el 21% de IVA cultural.
El Govern de las Illes considera que mantener un IVA del 21% para la venta de obras de arte, antigüedades y objetos de colección constituye una injusticia fiscal que se ha prolongado excesivamente en el tiempo y por eso ha vuelto a pedir a la señora Montero su reducción.
“Es imperativo recordar que el arte contemporáneo no tiene que ser tratado como un bien de lujo, sino como una parte fundamental de nuestra cultura y nuestro patrimonio”, ha reivindicado Bauzà.
En la misiva, el conseller traslada a los ministros que la directiva europea de 2022 ya faculta a los Estados miembros para aplicar una reducción del IVA cultural. Y, en este sentido, les ha recordado que países como Francia, Alemania, Portugal o Italia ya han adaptado sus legislaciones para proteger a sus creadores y galeristas.
Ante esto, “España no puede permitirse quedar en una situación de desventaja competitiva que penalice el talento y el mercado nacional”, ha insistido.
De este modo, y en cumplimiento del compromiso del Govern de las Illes Balears de apoyo absoluto a esta reivindicación histórica y necesaria, Bauzà ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda que inicie los trámites pertinentes para una bajada fiscal del sector y ha reiterado su plena disposición a trabajar conjuntamente para defender esta medida ante la administración del Estado.
El conseller se ha expresado así, después de haberse reunido previamente, a comienzos de este mes de febrero, con galeristas de la Associació Palma Art Contemporani, para escuchar sus reivindicaciones, coincidiendo con la huelga coordinada en todo el territorio nacional y entre todas las asociaciones, como medida de protesta ante la falta de respuesta del Gobierno central a sus reclamaciones en materia fiscal.
