Isabel Díaz Ayuso vuelve a la carga contra el Gobierno. La presidenta madrileña ha informado este viernes sobre su intención de llevar a los tribunales la supuesta idea del Gobierno de que el idioma sea un requisito para la regularización de inmigrantes, lo que ha tildado de algo «xenófobo e ilegal», pese a que el propio Ejecutivo central niega que vaya a ser así.
El pasado miércoles, el Govern catalán informó había hecho una aportación al texto inicial, que aún no está aprobado, para que se tenga en cuenta el conocimiento de este idioma a la hora de renovar la autorización inicial y que ERC se atribuyera también la incorporación de esta medida en el futuro texto definitivo.
Ante ello, la presidenta madrileña ha señalado que la pretensión del presidente Sánchez en Cataluña «es ilegal» y ha criticado que una vez más los socialistas «pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera». «La Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta ocurrencia ilegal que además, es xenófoba», ha añadido.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado este mismo viernes que el conocimiento de las lenguas oficiales como el catalán o el euskera no será obligatorio para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo otorgada en el marco de la regularización extraordinaria que plantea llevar a cabo el Gobierno.
En este escenario, desde el departamento dirigido por Elma Saiz han precisado que el texto del real decreto, que busca dar permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras que vivan en España desde antes del pasado 31 de diciembre y puedan demostrar que no tienen antecedentes penales, está aún en tramitación.
Además han detallado que el texto debe pasar por diferentes fases, entre ellas la solicitud de varios informes a instituciones como el Foro para la Integración social de los Inmigrantes (FISI) y al Consejo de Estado, y se admitirán diferentes aportaciones realizadas «que en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo».
