Hace justo un año, el miedo se apoderó de los vecinos de El Espinar (Segovia) después de que la Junta de Castilla y León declarara el nivel 2 de emergencia en el cercano embalse de El Tejo, construido en 1975. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) había alertado de que existía peligro de rotura o avería grave en la infraestructura, que llevaba años registrando una fuga notable. Se vallaron los accesos a la presa, se diseñó un plan de evacuación de la población por si ocurría lo peor y se fue vaciando poco a poco el embalse, lo que provocó problemas de suministro.
La de El Tejo ha sido la última y más sonada incidencia en un embalse de España, uno de los países europeos líderes en potencia hídrica: cuenta con 2.453 presas, 1.093 catalogadas como grandes presas [de más de 15 metros de altura]. Del total, 375 instalaciones son de titularidad estatal –sus embalses son gestionados por las Confederaciones Hidrográficas y son objeto de seguimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)– y 1.695 son de titularidad privada o concesional.
La radiografía que arroja el informe ‘Las Líneas de actuación para la mejora de la seguridad de la presas 2023-2033’, el primero estudio integral que realiza un Gobierno, apunta que las infraestructuras se encuentran envejecidas –tienen una media de edad de 55 años– y requieren una revisión, y concluye que el 60% de las presas estatales necesitan acometer en el «futuro más próximo» actuaciones relacionadas con la seguridad. Las concesionarias no están incluidas en el informe. No obstante, los ingenieros señalan que las vinculadas a compañías hidroeléctricas están en mejor estado de conservación.
Vista del embalse de la Viñuela, el de mayor capacidad de toda Málaga, que embalsa agua actualmente a su 80%. / EUROPA PRESS
Los episodios de fuertes borrascas consecutivas en enero y febrero y los inicios del deshielo han vuelto a poner el foco en el estado de las infraestructuras, ya que la reserva hídrica está marcando récords históricos. Se acumulan en los embalses españoles 43.341 hm³, rozando el 80% de su capacidad total. ¿Pero cuál es la salud de los embalses y el de las presas que los retienen? ¿Están preparados para estos episodios de avenidas brutales? ¿Son seguros?
«No hay que alarmar a la población porque las presas no se van a romper, pero muchas de ellas no están en buen estado de conservación»
Efectos del cambio climático
Greenpeace y la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos alertan de que la vida útil de muchas presas está llegando a su fin, a lo que se añaden los efectos del cambio climático. «Las infraestructuras hidráulicas están operando bajo una presión climática para la que no fueron diseñadas y que se verá agravada en los próximos años», apunta a El Periódico el geólogo Julio Barea, responsable de Aguas de Greenpeace. Desde la asociación, entretanto, se piden actuaciones «urgentes», como refuerzos estructurales, renovación de los sistemas de vigilancia y rehabilitación de los desagües del fondo, colmatados de sedimentos acumulados durante décadas en muchas instalaciones.
Fuentes de la asociación de ingenieros señalan que, por norma general, las presas de las concesionarias suelen tener un mejor estado de conservación
Los embalses, distribuidos por, prácticamente, todas las provincias, son de distintas dimensiones y ofrecen grandes beneficios al país, ya que sirven de abastecimiento de agua a la población y al sector agrario, y muchos de ellos son utilizados, además, para la producción de energía hidroeléctrica. Hay aproximadamente 150 aprovechamientos hidroeléctricos dependientes de grandes presas, a través de los cuales se genera el 88% de su producción hidroeléctrica.
La antigüedad de las instalaciones comienza a preocupar a los expertos y, recientemente, incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió «extremar la seguridad» en estas infraestructuras. En España, el 16% de las grandes presas tiene más de 60 años –hay una operativa, la de Proserpina, en el Guadiana, que llega a los 2.000 años de antigüedad–, y el 35% más de 40. Su edad media, de acuerdo al análisis del propio MITECO, es de 55 años.
Se trata de «un parque presístico muy maduro» cuyo sistema de sensores «precisa de una profunda revisión», reconoce la Subdirección General de Dominio Público e Infraestructuras del Ministerio, que a finales de 2025 sacó una licitación por 2,8 millones de euros para mejorar los sistemas de auscultación de 10 presas de competencia estatal, elegidas aleatoriamente. Su objetivo: «Obtener datos fiables que permitan valorar su comportamiento».
«Los sensores de auscultación instalados en las presas necesitan un esfuerzo de mano de obra especializada […] La tarea es notable por haberse descuidado durante años», se advierte en un reciente pliego de MITECO
«La toma y archivo de datos debió comenzar hace décadas», se incide en el pliego, firmado por el jefe del Área de Presas, con la conformidad del subdirector general de Dominio Público Hidráulico y la directora general del Agua. Un documento sorprendentemente crítico. «Los sensores de auscultación instalados necesitan un esfuerzo de mano de obra especializada […]. La tarea es notable por haberse descuidado durante años», precisa el texto, que habla de «falta de personal» y de que este había ido «perdiendo cualificación».
Vista de la nayor central hidroeléctrica de bombeo de Europa, La Muela II, en el embalse Cortes de Pallas, en Valencia. / EL PERIÓDICO
«Es verdad que la vigilancia cada a vez va a menos porque la Administración ha rebajado el personal; antiguamente había una persona en cada presa las 24 horas; ahora, si hay una persona, es ocho horas», apunta Javier González Pérez, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien añade que «no hay continuidad» en los contratos de mantenimiento de las presas como sí hay en las carreteras: «Siempre parece que no pasa nada, pero si algún día ocurre algo, puede ser un accidente muy grave».
«Hay una gran mayoría de presas de las que se sabe poco sobre su comportamiento y el de sus cimientos», se concluye en el pliego, que aporta soluciones a uno de los aspectos tratados en el informe elaborado por técnicos de MITECO, donde, tras el análisis de las 375 presas de competencia estatal, se marcaba un plan de actuación para paliar el deterioro de las infraestructuras. Se trata del primer estudio integral de la situación de las presas.
Avenidas de agua
De acuerdo a los datos recabados, el 38% de las presas estatales no tiene capacidad suficiente para descargar agua tras lluvias intensas o crecidas de río; el 42% no cumple con todos los coeficientes de seguridad de la infraestructura; y el 45% tiene algún problema para evacuar sedimentos o controlar el nivel del agua. Uno de cada diez, de hecho, tienen desagües de fondo y equipos de maniobra de compuertas de aliviadero no operativas.
Estos sistemas son fundamentales en uno de los llamados beneficios «ocultos» de los embalses: la laminación de avenidas de agua como las que hemos vivido las últimas semanas y que constituyen el riesgo natural más importante en España: hay registradas 2.450 inundaciones en los últimos 500 años que han ocasionado numerosas tragedias personales y grandes pérdidas materiales evaluadas en unos 500 millones de euros/año de media, de acuerdo a MITECO.
España ha sufrido 2.450 inundaciones en los últimos 500 años que han ocasionado numerosas tragedias personales y grandes pérdidas materiales evaluadas en unos 500 millones de euros/año de media, según MITECO
«Uno de los mayores problemas de muchas presas es que no tienen capacidad de laminar avenidas y los desagües del fondo están colmatados por sedimentos, lo que reduce su capacidad y compromete la seguridad», precisa Barea sobre la acumulación de lodos y sedimentos, sobre todo, en el muro de la presa. «Los desagües de coronación y laterales pueden funcionar, pero si ese sedimento está macizo los del fondo no pueden hacer nada. Habría que limpiarlos y vaciarlos y eso vale un capital; limpiar un embalse vale más a veces que el propio embalse», aprecia el experto de Greenpeace.
«La sedimentación de los embalses es bastante preocupante. Muchos aliviaderos están fuera de funcionamiento porque los técnicos no saben si se van a poder siquiera abrirlos ni tampoco luego cerrarlos», aprecia el catedrático González Pérez, que añade que hay determinados territorios que padecen más esta problemática por la tipología del suelo o la orografía: «El suelo del olivar de Andalucía es muy fácil de erosionar, es arrastrado y se queda parado en los embalses; en la zona de los Pirineos, por ejemplo, es mas fácil que se arrastren sedimentos por las pendientes».
Vista del embalse de El Atazar, en Madrid, soltando agua tras las últimas lluvias. / EUROPA PRESS
Desde Greenpeace reclaman una mayor revisión de las infraestructuras, sobre todo las de acero, que se deterioran «mucho más» que las de hormigón. «La vida útil es un concepto discutible en las presas; el hormigón puede durar siglos y siglos, aunque las juntas que hay entre bloques sí pueden deteriorarse, igual que los órganos de desagüe, que son metálicos; estos hay que reponerlos. No hay obsolescencia de la presa en su conjunto, sino de determinados elementos», considera por su lado el catedrático universitario, que aconseja «adaptar» los aliviaderos a las nuevas circunstancias, es decir, hacerlos más grandes.
«Las inundaciones son naturales, pero las catástrofes son fruto de las males decisiones. Tenemos ríos machacados, muy segmentados, eso es muy malo para las avenidas», denuncian en Greenpeace
Las hidroeléctricas, mejor conservadas
El experto de Greenpeace apunta otro factor que ha ido en perjuicio de la seguridad de las presas: las manipulaciones de las cuencas fluviales. «Las inundaciones son naturales, pero las catástrofes son fruto de las males decisiones. Tenemos ríos machacados, muy segmentados, eso es muy malo para las avenidas, hemos sacrificado nuestros cauces», afirma Barea.
MITECO explica que se han movilizado más de 640 millones de euros desde 2018 en mantenimiento, modernización y refuerzo de infraestructuras
José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, asegura que no hay que «alarmar a la población porque las presas no se van a romper», pero sí advierte de que «muchas de ellas» no están en buen estado de conservación. Fuentes de la asociación señalan que, por norma general, las presas de las concesionarias suelen tener un mejor estado de conservación porque pasan «las inspecciones en tiempo y forma» y de su buen estado depende también su negocio. «Depende mucho de la empresa –apunta González Pérez–, ya que si producen beneficios se mantendrán con más cuidado; otras invierten lo justo porque son concesiones temporales que no saben si se extenderán más tiempo». «Muchas concesiones que se dieron hace 50-75 años están a punto de acabarse», apunta el profesor universitario sobre otra problemática futura.
La inversión de MITECO
Fuentes de MITECO explican a este periódico que se han movilizado más de 640 millones de euros desde 2018 en mantenimiento, modernización y refuerzo de las infraestructuras estatales, de los que cerca de 174 millones se han destinado específicamente a actuaciones de seguridad y más de 183 millones a sistemas automáticos de información hidrológica y comunicaciones.
«La seguridad de nuestras presas es nuestra prioridad estratégica», precisan desde el Ministerio, donde informan que desde la aprobación del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para presas y embalses, el MITECO, a través de la Dirección General del Agua (DGA) y de las Confederaciones Hidrográficas, ha impulsado numerosas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad de las presas existentes.
Asimismo, se encuentra en tramitación el Real Decreto por el que se define el concepto de “técnico competente”, estableciendo las titulaciones académicas que habilitan para el desempeño de las funciones técnicas previstas en el Real Decreto 264/2021.
De acuerdo a las mismas fuentes, la inversión en seguridad de presas ha experimentado un notable incremento en los últimos años. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 recogen un aumento del 35,6% respecto a 2018, pasando de 810 millones de euros a 1.099 millones en inversión real.
En el ámbito de las cuencas intercomunitarias, la Dirección General del Agua ejerce la competencia en materia de seguridad de presas a través de la División de Seguridad de Infraestructuras y Explotación (DSIEX).
Esta unidad supervisa la aplicación de las Normas Técnicas de Seguridad en todas las presas del territorio nacional, con independencia de su titularidad. Entre sus funciones se incluyen la aprobación de la clasificación de presas según su riesgo potencial, la revisión de sus Normas de Explotación en condiciones ordinarias y extraordinarias, así como la evaluación de los informes periódicos de seguridad remitidos por los titulares.
«Programa de seguimiento integral»
En los últimos años, la DSIEX ha desarrollado una intensa labor técnica, entre la que destacab 90 clasificaciones revisadas, 120 planes de emergencias revisados y 120 normas de explotación revisadas, además de 42 revisiones de seguridad y 25 inspecciones realizadas.
«Actualmente, todas las presas y embalses de titularidad estatal cuentan con clasificación y Normas de Explotación aprobadas», señala una portavoz.
Con respecto a la seguridad de las presas de concesionarios, «se ha desarrollado un programa de seguimiento integral en todas las cuencas intercomunitarias para reforzar la seguridad de las presas, avanzando significativamente en su supervisión y control».
«Con el fin de mejorar la eficiencia en la explotación y el seguimiento de la seguridad, el MITECO ha iniciado la implantación de la metodología BIM (Building Information Modeling) en las presas estatales, junto con un proyecto piloto de aplicación de inteligencia artificial al análisis de los datos de auscultación. Estas actuaciones, financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), suponen una inversión cercana a los 20 millones de euros», precisan desde el Ministerio.
Suscríbete para seguir leyendo
