Los controles que desde la tarde del martes están realizando en la urbanización Les Naus cuatro patrullas de las unidades de Disciplina Urbanística y de Barrios de la Policía Local de Alicante no han dejado indiferentes a la mayoría de los residentes en las 140 viviendas que conforman el residencial, parte de ellas aún vacías pese a que a punto están de expirar, si no lo han hecho ya, los seis meses que desde la entrega de las llaves se fijan para ocupar este tipo de pisos protegidos destinados a primera residencia.
Con no poco desasosiego e indignación en algunos casos que en otros no ha pasado de la comprensible molestia, y que en ninguno ha mermado la colaboración, están soportando esta “exhaustiva inspección”, en palabras del alcalde Barcala, los vecinos de la primera promoción de Vivienda Pública Protegida (VPP) que se ha ejecutado en Alicante en más de dos décadas.
Un residencial de lujo ubicado en una zona privilegiada de la ciudad, pero que lleva en el punto de mira de todo el país desde que hace tres semanas INFORMACIÓN destapara unas polémicas adjudicaciones que está investigando una jueza y que ya han provocado tres dimisiones de cargos públicos y dos renuncias por parte de otros tantos adjudicatarios. Una pareja a la que, según su relato, les volvió a unir el amor recuperando la “unidad de convivencia” tras un periodo de separación.
Una pandemia
Una situación, la de la ruptura sentimental y, por tanto, de esa “unidad de convivencia” (la que puntúa a resultas de la suma de ingresos y patrimonio para optar a uno de estos pisos), que casi alcanza el nivel de pandemia en un complejo donde no son pocos los supuestos hogares monoparentales compuestos por una mujer o mujer con hijos.
Esto provocó que el martes por la tarde algún “ex”, que no se sabe muy bien por qué se encontraba en la urbanización, no le quedara otra que «ocultarse» a los ojos de los agentes mientras duró la inspección, por muy peliculero que suene.
Los policías, según ha podido saber este diario, se están limitando a pedir a los residentes en cada vivienda que se identifiquen con su DNI, a preguntar cuántas personas conviven y a hacer constar en dónde no vive nadie o lo hace alguien que no es el titular del inmueble.
Arrendamientos no autorizados
Con al menos un caso que encaja en este último supuesto se han topado los agentes, que han constatado la presencia en la vivienda de la que es titular uno de los sobrinos de la dimitida directora general y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, de tres personas de origen eslavo que en ningún caso podrían estar en régimen de alquiler dado que el propietario no tiene permiso para ello, según precisan desde la Conselleria de Vivienda.
Tres titulares de pisos, entre los que se encuentran un hijo y el sobrino de la alta funcionaria, solicitaron y tienen concedida la excepcionalidad de no habitarlos, para lo que alegaron alguno de los motivos que contempla la normativa: cambios de residencia por motivos de trabajo, estudios o cuidado de familiares, entre otros. Pero no consta en Vivienda ninguna solicitud para arrendar alguno de ellos, lo que es preceptivo, además de que esta actividad en este tipo de inmuebles no está exenta de control en cuanto al perfil del inquilino y el precio tasado, que tiene que seguir cumpliendo con los requisitos de una vivienda protegida.
Una vez que el Ayuntamiento remita el resultado de esta inspección, que se cruzará con el listado de adjudicatarios y el de empadronados, todos aquellos casos que no cumplan con lo establecido se pondrán en manos de la Justicia, agregan desde Vivienda.
La inspección, que de sorpresiva no tuvo nada, ya que fue anunciada horas antes por el ejecutivo local, provocó también que alguno de los adjudicatarios que residen fuera de la provincia, y que únicamente utilizan la vivienda en periodos vacacionales y fines de semana, tuviera que desplazarse hasta Alicante a toda prisa para estar en casa cuando los agentes llamaron a la puerta. Nadie dijo que todo fuera a ser fácil.
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