Desde que INFORMACIÓN desveló hace casi un mes las polémicas adjudicaciones en la primera promoción de viviendas protegidas de Alicante en más de veinte años, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha insistido en el mensaje de intentar investigar a fondo los visados de los 140 beneficiarios para que los pisos lleguen «a quienes tienen que llegar y que absolutamente ninguna de las viviendas pueda quedarse en manos de quien no tenía derecho a ello«. Un objetivo, con otras palabras, que también defiende la Generalitat Valenciana tras un escándalo con eco a nivel nacional y que ha marcado la actividad política autonómica y local en las últimas semanas.
El regidor popular, en sus palabras, ha apuntado estos días directamente hacia aquellas personas que han cometido irregularidades para conseguir un piso, incumpliendo las exigencias que marca la Generalitat en cuanto a ingresos y propiedades. La norma actual, aprobada por el gobierno de Carlos Mazón a finales de 2024, exige que para optar a un piso protegido en la Comunidad Valenciana los ingresos de la unidad familiar no pueden superar los 54.600 euros, una cantidad que puede elevarse hasta los 66.000 euros en caso de hijos o discapacitados a cargo. Por otro lado, los dueños no puede ser titular del pleno dominio de otra vivienda en todo el territorio nacional. El anterior decreto, del Botànic, rebajaba los ingresos hasta un máximo, excepcionales al margen, que rondaba los 48.000 euros.
En el ambiente, tanto a nivel municipal como autonómico, sobrevuelan algunos de los nombres de propietarios de viviendas en el residencial de la avenida Historiador Vicente Ramos. Y es que no son pocos los que cuentan con perfiles profesionales conocidos en la ciudad, ya sea por disponer de empresas o por ser profesionales liberales con trayectoria.
Entre las personas que consiguieron una de las 140 propiedades a precio tasado de Les Naus se encuentra un número nada desdeñable de empresarios de diferentes sectores, como el inmobiliario. Uno de ellos está al frente, como socio y administrador único, de una mercantil que presume de haber realizado más de 2.000 compraventas en los últimos quince años. Otra persona figura como administradora de una empresa de compraventa de bienes inmobiliarios, además de estar vinculada a una farmacia en la zona sur de Alicante.
En la comunidad, con 140 pisos y una media de dos personas por vivienda en las que ya hay registros de empadronados, también figuran administradores de empresas del sector informático, del calzado, la salud, la energía, de la decoración, la alimentación y los seguros, un área económica con varias sociedades entre los dueños de pisos en Les Naus.
Entre los nuevos propietarios en Les Naus con empresas a su nombre también destaca el sector de la hostelería, incluidos conocidos locales en dos de las zonas más relevantes del ocio nocturno de la capital alicantina, Playa de San Juan y el Centro Tradicional.
Además de empresarios, también destacan los profesionales liberales, incluidas parejas, con un peso especialmente destacado de abogados, arquitectos (incluidos los dos municipales expedientados por el Ayuntamiento) y personal sanitario.
Sociedades al margen
Perfiles al margen, ya que la ley establece el límite económico en los ingresos anuales, al margen de las cuentas de las sociedades mercantiles que puedan tener los aspirantes a viviendas protegidas, así como el patrimonio personal, la Conselleria de Vivienda está centrada en revisar los visados de todos los propietarios, exigiendo a una parte de ellos documentación extra para valorar si los ingresos de la unidad familiar superan el límite establecido por la Generalitat Valenciana.
También están rastreando posibles propiedades que, en el caso de ser de pleno dominio, entrarían en conflicto con los requisitos que exige el Gobierno valenciano. El próximo lunes, según la consellera Susana Camarero, finalizará el plazo otorgado a los propietarios requeridos para remitir documentación complementaria.
Esa doble verificación por parte de Vivienda se anunció de inmediato, tras la polémica que se generó a raíz de la publicación de INFORMACIÓN, aunque en un primer momento se defendió que el informe inicial había concluido que todas las personas que habían accedido a una vivienda en Les Naus habían cumplido los requisitos. Poco después, se supo que el funcionario autonómico encargado de esos visados, ahora suspendido de empleo y sueldo, había dado el visto bueno a la documentación de su mujer, arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante, dejando a un margen que formaban unidad familiar.
Este caso, que estalló hace ahora tres semanas, se ha cobrado la dimisión de tres personas (la concejala Rocío Gómez, la directora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete en Generalitat Miguel Ángel Sánchez), además de provocar que dos personas, que forman pareja, hayan transmitido por escrito su intención de renunciar a los dos pisos que tienen en la urbanización.
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