La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) ha reclamado ya 261,65 euros a unos 2.000 usuarios que habrían accedido a retransmisiones ilegales de partidos por internet. Se trata de una primera actuación, derivada de un auto judicial dictado en Córdoba el pasado noviembre, que requirió a ocho operadores que facilitasen la identificación de los titulares de direcciones IP que acceden a retransmisiones vía streaming (en tiempo real) de partidos de fútbol.
El despacho Dueñas Ruart Abogados, que ha asesorado a LaLiga en las actuaciones judiciales emprendidas en Córdoba contra la piratería audiovisual, prevé que cuando finalice la temporada, el próximo mes de mayo, podrían superar las 8.000 reclamaciones. La cantidad solicitada hasta ahora ronda los 523.000 euros en total.
En esta línea, las efectuadas hasta ahora corresponden a partidos celebrados entre los meses de agosto y noviembre pasados. De las ocho operadoras requeridas, tres han respondido al requerimiento de información, que podría ser un paso previo a futuras acciones legales.
Los abogados Juan Pedro Dueñas y Azahara Cots, de Dueñas Ruart Abogados. / CÓRDOBA
Acceder a los nombres de los infractores
El abogado Juan Pedro Dueñas, que ha trabajado en esta causa junto a la abogada Azahara Cots, explica que Laliga puede monitorizar las direcciones de IP que se conectan, pero no conoce la identidad de los usuarios. Por ello, la diligencia preliminar acordada por el juez Antonio Fuentes, titular del juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba, consiste en que esta entidad facilita los ficheros de IP que se conectan ilícitamente a la señal de los partidos y las operadoras de internet le entregan los datos personales de los titulares.
El juzgado ordena a dos operadoras de VPN bloquear el acceso a dominios e IP que retransmitan partidos ilegalmente
Estos son el nombre y los apellidos del titular del contrato de internet; la dirección postal de la línea y de la facturación; documentos como el NIF, NIE u otros, y la dirección de correo electrónico. Con esta información, están enviando reclamaciones extrajudiciales para que abonen 261,65 euros antes de iniciar acciones judiciales contra ellos.
El auto del juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba alude a un informe técnico aportado por LaLiga junto a su solicitud de diligencias preliminares, que apunta a los titulares de IP que estarían accediendo a la visualización de contenido que infringe la protección intelectual.
Un lance de juego entre el FC Barcelona y el Girona, en un partido de LaLiga. / Siu Wu / EFE
Cerrar el círculo contra la piratería
Sin embargo, dado que este sistema de visualización ilícita de partidos ha evolucionado a conexiones de VPN, que opacan la dirección de IP, el juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba dictó en enero otras dos resoluciones «inéditas a nivel mundial», según afirma Juan Pedro Dueñas, que ordenan a dos operadores de VPN desconectar o bloquear a usuarios que utilizan el servicio para visionar partidos de forma ilegal. En su opinión, con las tres resoluciones «se cierra el círculo, bloqueamos a los que acceden a través de IP y de VPN».
Esta acción judicial ha sido desarrollada por LaLiga y por Telefónica, ya que los partidos se retransmiten a través de Movistar y esta compañía también está sufriendo perjuicio. Las resoluciones afectan a las dos operadoras (con domicilio fiscal en Suiza y en Países Bajos) que concentran el 65% del mercado de VPN a nivel mundial, pero «es muy probable» que la actuación se extienda a otras, precisa el abogado. Según detalla, la medida es pionera por el carcácter dinámico de bloqueo de la VPN durante toda la temporada.
Contra estos autos no cabe recurso y, previsiblemente, se harán efectivos en breve. Se trata de unas medidas cautelares adoptadas de forma previa al procedimiento judicial donde las operadoras afrontarán una demanda para que, de forma definitiva, bloqueen el acceso, desde territorio español, a dominios e IP que retransmiten ilegalmente partidos del Campeonato Nacional de Liga.
Dueñas Ruart Abogados afirma que esta decisión judicial «aborda de forma directa el papel de los servicios VPN cuando son utilizados para eludir bloqueos judiciales y facilitar el acceso a retransmisiones ilícitas. Las resoluciones no cuestionan la legitimidad tecnológica de estos servicios, pero sí afirman con claridad que no pueden convertirse en instrumentos para neutralizar decisiones judiciales firmes».
