El hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, acusado por una policía de agresión sexual, estuvo destinado en la Comisaría Provincial de Alicante a principios de la década de los 2000.
La renuncia de José Ángel González al cargo como máximo mando de este cuerpo tras la decisión del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada es el tema casi monográfico de conversación este miércoles entre los policías alicantinos.
Pocos policías en activo coincidieron con José Ángel González durante su paso por Alicante, pero donde sí coinciden todos es en que se trata de un «escándalo» y causa un gran daño a la imagen de la Policía Nacional.
El primer destino de José Ángel González tras ascender a comisario en 2002 fue en la Comisaría Provincial de Alicante. Primero estuvo al frente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y luego fue nombrado jefe de la Brigada de Extranjería de Alicante. Tras estar más de un año en Alicante fue trasladado a Valladolid, donde primero ejerció como responsable Seguridad Ciudadana y luego como comisario provincial de Valladolid entre 2005 y 2014.
José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y desde 2018 ha sido el máximo mando de la Policía Nacional, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras director general de la Policía Nacional.
En noviembre de 2024, este Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal que fue cuestionada por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.
Querella
Ahora, un juez ha acordado oír en declaración a José Ángel González «en calidad de querellado» y ha señalado para el 17 de marzo la declaración de la supuesta víctima, que es funcionara de la Policía, según auto al que ha tenido acceso Europa Press.
El magistrado apunta que los hechos que resultan de la querella «hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».
En la querella, recogida por esta agencia de noticias, el abogado de la víctima apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.
La querellante, integrante de la Policía Nacional, mantuvo «en el pasado una relación de afectividad» con el DAO, una relación que «estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta» dada su posición en el cuerpo.
«Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión», señala.
La relación, según el escrito, finalizó «por decisión unilateral» de la víctima, una «circunstancia» que González «no aceptó», iniciando «a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos» denunciados.
En concreto, esos hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando «servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada». A partir del mediodía, esta habría recibido «múltiples llamadas telefónicas» de González «requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria».
«Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente», recoge el escrito.
La víctima se habría trasladado a un restaurante en el que el DAO estaría comiendo con otro comisario. Después de compartir un rato con ambos, González y la mujer se trasladaron a un inmueble propiedad de Interior. Su superior la habría propuesto entonces subir a la vivienda, pero esta manifestó «su incomodidad y su deseo de marcharse».
Una vez dentro de la casa, el DAO habría servido dos cervezas e iniciado «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima«. «Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento», añade la querella.
El precio del silencio
Pese a las negativas, el DAO habría comenzado entonces «una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional».
La querella recoge numerosas tentativas de González, que habría tocado a la mujer sin su consentimiento en sus partes íntimas. En un momento dado, y «tras conseguir zafarse del querellado y poder abandonar el domicilio, la víctima recogió el vehículo policial camuflado que había utilizado para desplazarse hasta el lugar, se dirigió a la comisaría de Coslada donde prestaba servicio, dejó el vehículo, y se dirigió a su domicilio particular».
Según el escrito, el DAO comenzó tras aquel incidente una «campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos» y «ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio».
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